Perú impulsa la reforma del sistema educativo superior

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Students of the Peruvian National UniverPor: Oxford Business Group.- En un prolongado esfuerzo planificado para mejorar la envergadura de la educación superior, Perú ha aprobado una ley que reformará las universidades del país. Sin embargo, esta llega en un momento de críticas que indican que el cambio afectará a la autonomía universitaria al mismo tiempo que la etapa de transición ha quedado marcada por la falta de directivas.

La ley, que fue aprobada en junio por el Congreso y a principios de julio por el presidente Ollanta Humala tras un debate parlamentario que duró cerca de dos años, busca posicionar a las universidades de Perú —actualmente ninguna de ellas se encuentra clasificada entre las mejores universidades del mundo— en el ranking mundial mediante el incremento de los requisitos para profesores y estudiantes.

No obstante, aunque los legisladores coinciden en que la reforma del sistema universitario de Perú es de crucial importancia, existe un gran desacuerdo sobre su planteamiento para alcanzar este objetivo y algunos críticos están cuestionando la constitucionalidad de la ley.

Cuestión de autonomía
La causa principal de la controversia surge de los planes para crear una autoridad de supervisión, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), la cual tendrá autoridad sobre todas las universidades de Perú, incluyendo aquellas gestionadas de forma privada. La SUNEDU tendrá tres funciones principales: controlar la calidad de la educación superior, gestionar el flujo de dinero de todo el sistema universitario y otorgar licencias a las universidades.

Aquellos que apoyan a la ley aseguran que dicha autoridad de supervisión es necesaria para controlar el sistema universitario, el cual dicen ha demostrado ser desafortunadamente incapaz de regularse por sí mismo. La reforma prevista por la ley, añaden, podría jugar un papel importante a la hora de mejorar la calidad general de la educación superior.

Sin embargo, la propuesta de la creación de un órgano de supervisión ha generado muchas dudas en el parlamento. Dirigidos por Martha Chávez, una congresista del partido Fuerza Popular, 45 legisladores realizaron una petición para solicitar al Tribunal Constitucional la reevaluación de la constitucionalidad de la ley. El Tribunal aceptó la petición a principios de agosto y tiene previsto comenzar una revisión formal para decidir si la ley está en conformidad con la constitución.

La principal queja de los legisladores opositores es que la SUNEDU afectará a la autonomía de las universidades. La Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) también planteó una objeción similar.

Demandas más rigurosas
La ley aumenta el nivel de calificación necesario para los profesores universitarios: estos deben poseer como mínimo una maestría, mientras que el 30 % de los profesores de cualquier universidad debe poseer un doctorado. Otro requisito es una acreditación de todas las especializaciones de la universidad otorgada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). Especializaciones o departamentos que no reciban acreditación después de tres evaluaciones o un período de siete años serán forzados a cerrar. Actualmente, el SINEACE acredita solo 14 de 1500 especializaciones impartidas en el país.

Los estudiantes también se enfrentarán a requisitos más severos. Para poder obtener una licenciatura, deberán completar un proyecto de investigación, escribir una tesis y demostrar su dominio de un segundo idioma.

Los críticos señalan que exigir títulos más elevados a los profesores podría producir un efecto indeseado, conduciendo potencialmente al despido de profesores que cuentan con una gran experiencia. También preocupa que la existencia de una tesis obligatoria para la obtención de una licenciatura pueda crear un mercado negro de plagio de disertaciones. Al incrementar los requisitos, la nueva ley también prolonga el tiempo que supone la obtención de algunos títulos, haciendo que las universidades peruanas sean menos atractivas para la clase media que puede optar por cursar estudios de posgrado en universidades reputadas en otra parte de la región.

A nivel práctico, las instituciones están esforzándose por llevar a cabo los cambios que fueron exigidos en un período de 90 días, previsto para finalizar en octubre, y con pocas directivas por parte del gobierno sobre cómo proceder durante la etapa de transición. Entre los cambios se incluye el número de horas requeridas para una maestría, el cual aumenta a un poco más de 700 horas, en comparación con las 500 horas en la mayoría de los países. Esto afectará al número de horas de enseñanza que las universidades deben proveer así como también a los programas, los cuales necesitarán ser modificados durante este año lectivo para cumplir con los requisitos.

«Esas cuestiones prácticas no se han elaborado correctamente», dijo a OBG Juan Carlos Mathews, director del Centro de Educación Ejecutiva en la Universidad del Pacifico. «La intención del Gobierno es buena y es indicadora de la importancia que tiene el sector educativo para este. Sin embargo, hubo una falta de diálogo horizontal y participación de distintos actores, incluyendo el sector privado», agregó..

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