Puente Piedra: pagando la improvisación

Categoría: Columnistas,Opinion |

Las protestas de Puente Piedra son el reflejo de lo mucho de espaldas que está el Estado respecto de la gente y de lo incendiario que se está volviendo el reiterado estatismo en la manera de conducir los asuntos públicos. ¿A qué me refiero? A esa concepción de que el Estado puede meterse donde quiera, cómo quiera y cuando quiera, abusando de cualquiera, esgrimiendo simple y llanamente su tremendo poder.
El descontento no corresponde tanto a la disposición de pago de la gente. Se justifica por la improvisación del proyecto concreto “Vías Nuevas de Lima”. El apresuramiento de la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán por mostrar algún tipo de obra la llevó a dar pase, sin mayor trámite ni estudio, a la iniciativa de la brasilera Odebrecht para hacer construcciones en los accesos norte, sur y este de Lima. Todo hecho sin tomar en cuenta el impacto en la calidad del servicio vial, medido fundamentalmente en tiempo de traslados, ni el impacto en la afectación en la capacidad de pago de ciudadanos que vivían en el ámbito del proyecto, como es el caso específico de los vecinos de Puente Piedra.
Desde hace más de dos décadas, soy un defensor abierto y militante de las asociaciones público-privadas (APP), especialmente en la forma de concesiones, porque lo considero un magnífico mecanismo para captar recursos, gestión y tecnología propios del sector privado para ponerlos al servicio público, garantizando su sostenibilidad. Pero precisamente por eso, siempre he alertado de la importancia crucial de defender tal mecanismo. En especial, en un país donde hay todavía tantos ilusos que son enemigos de la empresa privada y que pontifican por más Estado justamente en terrenos donde éste ha fracasado estrepitosamente por decenios. Los casos de la educación y el agua potable ilustran perfectamente esta idea.
La fallida concesión de “Vías Rutas de Lima” hiere terriblemente al sistema de APP. Y lo hiere por dos razones. La primera, por el pésimo diseño de ingeniería civil y financiera del proyecto de base, que no contempló una solución integral al problema del tráfico en los tres accesos a Lima, ni un mecanismo de repago sostenible y viable. La segunda, porque ha sido atravesada por evidencias de corrupción, plasmadas en la demostrada culpabilidad de la principal empresa promotora del proyecto: Odebrecht. La protesta por el peaje de Puente Piedra tiene que ver con lo primero. La indignación ciudadana al observar cómo la policía ataca ciudadanos para defender los negocios de la corrupta Odebrecht está vinculada a lo segundo.
¿Qué corresponde ahora? Paralizar todos los negocios de Odebrecht en el Perú. Todos. Debió procederse hace semanas, apenas estalló el escándalo internacional. Es decir, desde una posición soberana del Estado peruano – que al final es propietario de todas las infraestructuras bajo concesión – detener, siquiera por un tiempo y caso por caso, los cobros tarifarios en todos los proyectos patrocinados o ganados por la cuestionada empresa brasilera. A partir de esa posición fuerte inicial – y solo a partir de ella – el Estado peruano debe renegociar todos esos contratos. Renegociarlos con una visión de obtener los mayores beneficios para el país. No hay que acomplejarse de renegociar. Los privados han obtenido renegociaciones en concesiones todo el tiempo. Según la Contraloría General de la República, cada contrato de concesión en el Perú tiene un promedio de cuatro adendas. ¿Por qué no puede plantearla el propio Estado?
¿Qué esto es un rompimiento de las “reglas de juego”? Pamplinas. Es simplemente hacer respetar a un país. Quien gana licitaciones apelando a prácticas corruptivas, rompe las reglas de juego desde el inicio, de tal modo que vicia de nulidad cualquier proceso que sostenga el emprendimiento que sea. Por eso, las renegociaciones no pueden pretender dejar incólumes los negocios de quienes incurrieron en actos de corrupción. Desde la posición dura del Estado, se pueden idear esquemas compensatorios que preserven, por ejemplo, el interés de los intermediarios financieros que bancaron el proyecto. Sin embargo, no tiene por qué garantizarse el retorno a ninguna inversión, en este caso. De hecho, las renegociaciones deben plantear un escenario en el cual, o el concesionario pierde, o pierde menos. Pero pierde siempre. Así nomás.
Es por eso que la solución al conflicto social producido por el peaje de Puente Piedra no es difícil, siempre que exista voluntad política. Si se paralizan las concesiones bajo sospecha, se podrá suspender la controversial “Vías Nuevas de Lima”, hasta nuevo aviso. Después se puede incluso volver a concesionar, bajo mejores diseños y más precauciones sobre los postores. Ahora, naturalmente, eso involucra al propio Presidente de la República, el cual, en vez de relativizar la mega corrupción inocultable, debería hace rato estar encarnando personalmente una cruzada para combatir el cáncer que ha significado la presencia de Odebrecht – y al parecer, de otras empresas brasileras – en nuestro país. Ya no puede manejarse este problema a nivel solo del Poder Judicial o de la Municipalidad de Lima.
Ya aparecen las voces para aprovechar la situación y pedir que nuevamente sea el Estado el que se haga cargo de las infraestructuras de servicios públicos. Era obvio. Son los enemigos de siempre de la inversión privada, que ven en el ataque del sistema de APP el símbolo de su propia cruzada. Pero no hay que darles gusto. Ni toda la corrupción de Odebrecht y similares volverá a hacer, por arte de magia, eficiente al Estado en el desarrollo de los servicios públicos. El sistema de APP es bueno cuando se le sabe utilizar, cuando se somete a los protocolos de calidad adecuados y cuando se cuida el trípode estratégico sobre el cual construirlas: factibilidad social con los stakeholders o implicados, probidad en el manejo de los procesos y resguardo de los equilibrios económico-financieros que las hagan atractivas al sector privado.
Eugenio D’Medina Lora

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