La parlamentaria de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Susel Paredes, criticó el decreto legislativo N.° 1589 que sanciona con 15 años de cárcel a quienes bloqueen las carreteras en manifestaciones.
En entrevista con el programa local, demandó al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, poner “mano dura” contra la amenaza creciente del crimen organizado, el cual está vinculado a la extorsión y el sicariato.
“Entonces, por qué no se pone concreto con eso, por qué se pone malo con el tema de las protestas”, se preguntó la parlamentaria.
Para Paredes, el Gobierno debería concentrar su “energía” en zonas donde hay mayor presencia de las bandas criminales, como la provincia de Pataz, donde el último sábado fueron asesinados nueve trabajadores en el enclave minero de la compañía Poderosa.
«Heridas abiertas» en Puno
La legisladora indicó, además, que la ciudadanía sale a las calles a protestar, “porque está inconforme” con lo que hace el Gobierno de Dina Boluarte, al que reprochó por la “incapacidad” de “solucionar los conflictos y curar las heridas abiertas que hay en los lugares donde se han producido masacres y ejecuciones extrajudiciales, como Puno”.
“Allá hay llanto de ira, de impotencia de las madres, de los hijos, de los hermanos de las personas que ha sido asesinadas por un balazo de los agentes del orden”, añadió.
Varias congresistas, entre ellas Sigrid Bazán y Silvana Robles, denunciaron que el decreto legislativo recientemente aprobado y publicado en el diario oficial El Peruano busca criminalizar la protesta social.