La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó un informe final que recomienda la inhabilitación por diez años del expresidente Francisco Sagasti y de sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice, por presuntas irregularidades durante su gestión.
El documento aprobado señala que Sagasti y sus exministros habrían infringido varios artículos de la Constitución, como el 2 (incisos 2 y 15), 45, 118 (inciso 1), 139 (incisos 3 y 5) y 172. Además, se les acusa de los presuntos delitos de abuso de autoridad y nombramiento ilegal en el ejercicio de la función pública, tipificados en los artículos 376 y 381 del Código Penal.
Con 15 votos a favor, uno en contra y una abstención, el informe será remitido al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación. Según el congresista Jorge Montoya, encargado de sustentar el informe, Sagasti y sus ministros habrían actuado de manera «arbitraria y abusiva» al disponer el retiro de tres tenientes generales y 16 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en noviembre de 2020, lo que, según Montoya, perjudicó gravemente a la institución policial.
Este contexto se remonta a la crisis política de noviembre de 2020, cuando Sagasti, como presidente de transición, tomó decisiones tras las protestas en rechazo a la designación de Manuel Merino como mandatario. Estas manifestaciones dejaron un saldo trágico con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, lo que marcó un episodio crítico para el país.
La propuesta de inhabilitación contra Francisco Sagasti y sus exministros abre un nuevo capítulo en la política peruana, poniendo en debate la legitimidad de las decisiones tomadas durante su gobierno de transición. Será el Pleno del Congreso quien defina el destino de esta recomendación, mientras el caso mantiene en el foco público los cuestionamientos sobre el manejo de la crisis de 2020.