El Ministerio Público activó acciones de prevención del delito para monitorear la condición del exmandatario Pedro Castillo, quien anunció una huelga de hambre en rechazo al juicio que enfrenta por rebelión, tras su fallido golpe de Estado en 2022.
La supervisión está a cargo del cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, liderado por la fiscal Verónica Vásquez Plaza. Como parte de la diligencia, un equipo de fiscales acudió al penal de Barbadillo, en Ate, donde Castillo cumple prisión preventiva.
La acción se activó tras la alerta de Jhon William Lozano Asenjo, jefe del Área de Salud del penal, y un informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde se confirmó que el exmandatario se negó a ingerir alimentos. Ante esto, la Fiscalía solicitó un informe detallado sobre su estado.
El abogado de Castillo, Walter Ayala, respaldó la medida de protesta y difundió un documento donde el exgobernante expresa su rechazo a lo que considera «injusticias» en su proceso judicial. Ayala insistió en que varios juristas y hasta «fujimoristas» han señalado que no se configura el delito de rebelión.
Por su parte, el INPE informó que iniciará un proceso administrativo disciplinario contra Castillo, ya que su negativa a alimentarse es considerada una falta grave según el Código de Ejecución Penal. Como consecuencia, se le podría aplicar aislamiento y suspensión de visitas.
El inicio de la huelga de hambre por parte de Pedro Castillo abre un nuevo episodio en su situación judicial. Mientras su defensa insiste en que no hay base legal para acusarlo de rebelión, el INPE y la Fiscalía monitorean de cerca su estado de salud y el impacto de su protesta en su proceso.