En medio de crecientes cuestionamientos, se reveló que Yessenia Lozano, militante de Alianza para el Progreso (APP), fue designada como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República, percibiendo un salario que supera los 19 000 soles mensuales, pese a que solo cuenta con el grado de bachiller en Derecho. La situación ha desatado críticas por la aparente falta de idoneidad en la contratación y por el posible uso político de cargos públicos.
El escándalo salió a la luz a través de un reportaje de Cuarto Poder, que recordó que según el Reglamento del Congreso, el nivel académico de Lozano únicamente le permitiría acceder a un cargo técnico de aproximadamente 6 000 soles de salario. Sin embargo, tras su paso como asesora de diversos congresistas de APP, y luego de la llegada de Eduardo Salhuana a la Mesa Directiva, fue promovida y designada jefa de esta nueva oficina, creada en septiembre de 2024. La designación fue firmada por el oficial mayor Giovanni Forno.
La crítica se intensifica debido a que, dentro del Congreso, varios legisladores desconocen las funciones de esta nueva entidad. Milagros Jáuregui y Alex Paredes, parlamentarios de distintas bancadas, admitieron públicamente no saber a qué se dedica el Centro de Modalidades Formativas. Además, el reportaje reveló que Ruth Melisa Leyva García, subordinada de Lozano y también militante de APP, ocupa un cargo en la misma dependencia con un salario de 10 502 soles mensuales.
Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios, calificó el hecho como un evidente caso de favor político, indicando que no se está priorizando la capacidad profesional, sino la militancia partidaria. Ante la magnitud de los hechos, se ha solicitado la intervención de la Contraloría de la República y del Ministerio Público para investigar si estas oficinas están siendo usadas como plataformas de proselitismo político financiadas con recursos públicos.
El caso pone en evidencia las graves deficiencias en los procesos de contratación en el Estado y reabre el debate sobre la necesidad de mayor transparencia y control en el Congreso, especialmente cuando se trata del uso de fondos públicos para fines partidarios. La presión social y política podría forzar a las autoridades competentes a actuar con mayor rigor en los próximos días.