El juez Juan Carlos Peinado decidió procesar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La decisión se produce tras el cierre de la fase de investigación, iniciada en abril de 2024.
De acuerdo con la resolución judicial, existen indicios de que Gómez habría aprovechado su posición para influir en la obtención de beneficios vinculados a una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado sostiene que su condición de esposa del jefe del Ejecutivo pudo haber facilitado decisiones públicas favorables, en lo que calificó como un “aprovechamiento singular de su posición relacional”. Asimismo, se investiga la captación de fondos privados que, según los indicios, podrían haber tenido como destino beneficios personales, bajo la apariencia de financiamiento institucional.
El caso también involucra a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés en algunos de los delitos investigados. Además, el juez plantea que Gómez habría registrado como propio un software desarrollado en el marco de la cátedra, lo que sustentaría la acusación de apropiación indebida. Tras esta decisión, se abre un plazo de cinco días para que las partes se pronuncien sobre la apertura de un juicio oral, que podría ser llevado por un jurado popular, encargado de determinar la culpabilidad o inocencia antes de la sentencia final.
Este proceso judicial genera un fuerte impacto en el escenario político español, al involucrar directamente al entorno más cercano del presidente. La evolución del caso será clave no solo en términos legales, sino también para la credibilidad institucional y la confianza pública en las autoridades.
