El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, respaldó la propuesta del Ejecutivo para implementar de manera progresiva las gratificaciones y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a favor de los trabajadores contratados bajo el régimen CAS, argumentando que la medida permitirá garantizar su financiamiento sostenible en todas las entidades públicas.
Durante su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, en el marco del debate del proyecto de ley de crédito suplementario, el titular del MEF sostuvo que la gradualidad busca evitar desigualdades entre instituciones con diferentes capacidades presupuestarias y asegurar que el beneficio pueda aplicarse de manera uniforme en toda la administración pública.
El ministro señaló que la incorporación inmediata del beneficio en su totalidad podría generar dificultades financieras para diversas entidades estatales. Por ello, el Gobierno plantea un cronograma progresivo que permita avanzar en el reconocimiento de estos derechos sin afectar el equilibrio fiscal.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, la implementación inicial demandará aproximadamente S/133 millones en 2026, monto que corresponde a una cobertura equivalente al 10% del beneficio total. Posteriormente, el gasto aumentaría de manera gradual hasta alcanzar S/464 millones en 2027, S/828 millones en 2028, S/1.574 millones en 2029 y S/3.223 millones en 2030, año en que se completaría el reconocimiento íntegro de las gratificaciones y la CTS.
La propuesta forma parte del proyecto de ley de crédito suplementario remitido por el Ejecutivo y tiene como finalidad reglamentar la aplicación de la Ley N.° 32563, norma que reconoce el derecho de los trabajadores CAS a percibir estos beneficios laborales.
Según el esquema planteado, los trabajadores recibirían un monto equivalente al 10% de una remuneración mensual en 2026, 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y finalmente 100% en 2030.
Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos durante el debate parlamentario. Algunos legisladores solicitaron al Ejecutivo sustentar técnicamente la decisión de aplicar una implementación gradual en lugar de otorgar desde el inicio el beneficio completo previsto en la ley.
Entre las observaciones formuladas, se pidió al Ministerio de Economía y Finanzas explicar los estudios y evaluaciones presupuestarias que respaldan el cronograma planteado, considerando que la norma reconoce el derecho de los trabajadores al pago íntegro de las gratificaciones y la CTS.
Pese a las críticas, el titular del sector reafirmó que la gradualidad constituye la alternativa más viable para garantizar la sostenibilidad financiera de la medida y evitar que algunas entidades puedan cumplir con el beneficio mientras otras enfrenten dificultades para asumir los costos.
El debate sobre la implementación de estos derechos laborales continuará en el Congreso, donde se evaluará el equilibrio entre el reconocimiento de beneficios para los trabajadores CAS y la capacidad fiscal del Estado para asumir progresivamente los recursos que demanda su aplicación.
