El Comité Ejecutivo Nacional de Juntos por el Perú, presidido por Roberto Sánchez Palomino, solicitó este lunes al presidente de la República, José María Balcázar, evaluar el otorgamiento de la gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo Terrones, a raíz de la Opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que la privación de libertad del exmandatario contraviene obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede nacional del partido, Sánchez sostuvo que el pronunciamiento de Naciones Unidas constituye el resultado de un procedimiento internacional desarrollado durante casi tres años, en el cual el Grupo de Trabajo solicitó información tanto a los peticionarios como al Estado peruano antes de emitir su decisión. Según explicó, dicho mecanismo garantiza el derecho de contradicción y el análisis de los argumentos de ambas partes antes de formular una opinión.
Sánchez, señaló que el informe no responde a criterios políticos, sino al trabajo de expertos independientes especializados en derecho internacional de los derechos humanos, designados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para examinar casos de presuntas detenciones arbitrarias conforme a los estándares establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además de afirmar que la opinión del Grupo de Trabajo concluye que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria e incompatible con las obligaciones internacionales del Perú. Agregó que el documento recomienda al Estado adoptar medidas orientadas a restituir los derechos afectados, incluyendo la liberación inmediata de la persona detenida, así como el otorgamiento de una reparación efectiva, conforme a los mecanismos previstos en el derecho internacional de los derechos humanos.
En ese contexto, indicó también que el Perú, como Estado parte de diversos tratados internacionales, asumió el compromiso de actuar de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dichos instrumentos, conforme al principio pacta sunt servanda (lo pactado obliga), recogido por el derecho internacional. Precisó que el respeto de esos compromisos fortalece la institucionalidad democrática y reafirma la credibilidad del país frente a la comunidad internacional.
El presidente de Juntos por el Perú fue enfático al manifestar que la opinión del Grupo de Trabajo no constituye un pronunciamiento aislado, sino el resultado de un procedimiento técnico previsto dentro de los mecanismos especiales del sistema universal de protección de los derechos humanos. Recordó que, en anteriores oportunidades, el Estado peruano ha atendido recomendaciones formuladas por organismos internacionales cuando se acreditaron vulneraciones a derechos fundamentales, adoptando medidas de reparación y adecuación de sus actuaciones.
Durante su intervención también expresó preocupación por la posición oficial difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al informe de Naciones Unidas. Señaló que la conducción de la política exterior corresponde constitucionalmente al presidente de la República, por lo que consideró necesario conocer si dicha respuesta refleja la posición oficial del Poder Ejecutivo o constituye únicamente la interpretación del sector.
Sostuvo que la figura de la gracia presidencial representa un mecanismo constitucional que puede ser evaluado por el jefe del Estado en circunstancias excepcionales, especialmente cuando concurren elementos de carácter humanitario, jurídico o de interés nacional. En ese sentido, el partido solicitó al presidente José María Balcázar considerar esta alternativa como una decisión orientada al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú y al fortalecimiento del Estado de derecho.
En tal sentido, la organización política reafirmó que continuará promoviendo el respeto de los derechos humanos, la observancia de los tratados internacionales suscritos por el Estado peruano y el fortalecimiento de las garantías propias de un sistema democrático basado en el debido proceso, la independencia de poderes y la protección efectiva de las libertades fundamentales.
