El abogado penalista Carlos Caro sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón debido a una presunta falta de motivación en la resolución judicial. Según explicó, el organismo constitucional no analizó si la medida era necesaria o correcta, sino que optó por declarar su nulidad por razones formales.
Durante una entrevista con un medio nacional, Caro señaló que la defensa del exgobernador regional de Junín había planteado el denominado derecho a la resistencia, bajo el argumento de que una persona podría negarse a cumplir una orden considerada ilegal. Sin embargo, indicó que este razonamiento no habría sido utilizado por el TC para resolver el recurso.
El especialista precisó que la decisión se concentró en cuestionar la forma en que los jueces justificaron la prisión preventiva. En ese sentido, remarcó que el tribunal no estableció si la medida restrictiva correspondía o no dentro del proceso penal que afronta el fundador de Perú Libre.
Caro también expresó dudas sobre la rapidez con la que el expediente fue atendido por el máximo intérprete de la Constitución. De acuerdo con su análisis, procesos similares suelen tardar entre seis meses y más de un año, mientras que el caso de Cerrón habría sido resuelto en aproximadamente tres meses desde su ingreso al tribunal.
Para el abogado, esta celeridad resulta poco habitual y podría generar cuestionamientos sobre un eventual trato preferente. Consideró que existen razones válidas para discutir si se produjo una especie de “discriminación positiva” a favor del exgobernador, independientemente de que se comparta o no el resultado final de la resolución.
Asimismo, afirmó que, desde su perspectiva, hubo un favorecimiento debido tanto a la rapidez del procedimiento como al criterio formal utilizado para anular la orden judicial. No obstante, insistió en que el Tribunal Constitucional no se pronunció sobre la responsabilidad penal de Cerrón ni sobre la pertinencia de imponer nuevamente una prisión preventiva.
La decisión del TC abre un nuevo debate sobre la motivación de las resoluciones judiciales, la igualdad en los plazos de atención de los expedientes y la necesidad de garantizar que casos de relevancia política sean resueltos con criterios transparentes y aplicables a todos los ciudadanos.
