El exsuperintendente nacional de Migraciones y Sucamec, Alberto Balladares Ramírez, advirtió que la lucha contra la inseguridad ciudadana no puede concentrarse únicamente en las ciudades, sino que debe incluir un mayor control de las fronteras, el tránsito migratorio, las armas, explosivos y economías ilegales. Según sostiene, ambas superintendencias cumplen un papel estratégico dentro de la seguridad nacional y requieren mayor presencia territorial, logística, profesionalización y control anticorrupción.
Balladares remarca que las funciones de Migraciones y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) van mucho más allá de emitir pasaportes, carnés de extranjería o licencias para portar armas. A su juicio, ambas instituciones deben asumir una participación más activa dentro de la estrategia nacional contra la criminalidad organizada.
El especialista recuerda que el Perú posee una extensa frontera terrestre compartida con Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile, muchas veces caracterizada por una débil presencia estatal y grandes dificultades logísticas para ejercer un control permanente.
Desde su experiencia al frente de ambas instituciones, asegura haber recorrido diversos puntos fronterizos y haber constatado que en varias zonas el Estado mantiene una presencia limitada, situación que facilita el desplazamiento de organizaciones criminales transnacionales.
Uno de los escenarios que menciona es la Amazonía peruana, donde existen rutas fluviales de difícil acceso y puestos de control que pueden demandar hasta 12 horas de navegación para ser alcanzados por los inspectores migratorios.
Según su análisis, estas limitaciones permiten que organizaciones vinculadas con minería ilegal, narcotráfico, tráfico de armas y otras economías ilícitas aprovechen zonas fronterizas con escasa vigilancia.
Balladares sostiene que en sectores próximos a la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil operan grupos criminales de carácter transnacional, entre ellos estructuras vinculadas al Comando Vermelho y remanentes de organizaciones armadas colombianas.
Durante su gestión, señala haber participado en coordinaciones con autoridades de Colombia y Brasil, así como en reuniones con el Ejército, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, con la finalidad de articular acciones conjuntas frente a actividades ilegales que atraviesan las fronteras.
También advierte sobre la situación en la frontera con Ecuador, particularmente en sectores vinculados con la Cordillera del Cóndor, San Ignacio, Suyo y Ayabaca.
En esas áreas, según su evaluación, existirían actividades de minería ilegal, tráfico de drogas, armas y explosivos, además de la presencia o influencia de organizaciones criminales ecuatorianas que han ampliado sus operaciones hacia territorio peruano.
El exfuncionario menciona entre estas estructuras a Los Lobos, Los Choneros y la facción R7, además de sus posibles vínculos o enfrentamientos con organizaciones peruanas que operan principalmente en el norte del país.
La frontera con Bolivia representa otro punto de preocupación. Balladares señala que zonas de Madre de Dios y Puno serían utilizadas para el traslado irregular de mercurio, armas, explosivos y droga, además del contrabando de oro vinculado con la minería ilegal.
Según el documento, el mercurio utilizado en actividades mineras ilegales puede ingresar desde Bolivia mediante circuitos comerciales y posteriormente ser introducido clandestinamente al territorio peruano.
También advierte que determinadas rutas fronterizas serían utilizadas para sacar oro producido en zonas como La Rinconada, Ananea y Madre de Dios, generando circuitos financieros informales que posteriormente podrían ser utilizados para operaciones de lavado de activos.
A ello se suma el impacto ambiental y social de la minería ilegal. El texto señala que esta actividad ha provocado la afectación de cerca de 100 mil hectáreas de bosque, además de estar asociada con delitos como trata de personas, explotación laboral y trabajo infantil.
Para Balladares, combatir la delincuencia en Lima, Trujillo u otras ciudades sin intervenir simultáneamente las rutas de ingreso de armas, explosivos, insumos y organizaciones criminales representa una estrategia incompleta.
En ese contexto, sostiene que Migraciones debe convertirse en un verdadero primer filtro de la seguridad nacional.
Entre sus propuestas figura fortalecer los puestos fronterizos, mejorar las condiciones laborales y logísticas de los inspectores y establecer una estructura permanente de capacitación especializada.
El exsuperintendente plantea incluso la creación de una escuela de formación para inspectores migratorios, siguiendo modelos similares al Instituto Aduanero y Tributario utilizado para la preparación de personal de Aduanas.
También considera necesario realizar operativos permanentes destinados a detectar extranjeros en situación migratoria irregular y aplicar los procedimientos correspondientes cuando exista fundamento legal para su expulsión.
A ello suma la necesidad de crear fiscalías especializadas en delitos migratorios o conexos y unidades de flagrancia en puntos especialmente sensibles, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y determinados puestos fronterizos.
Otro de los aspectos destacados es el combate contra la corrupción interna. Balladares sostiene que los cargos directivos de Migraciones y Sucamec deberían recaer en profesionales con experiencia y competencia técnica, privilegiando criterios de meritocracia.
Respecto de los refugiados, señala que el Ministerio de Relaciones Exteriores también cumple un papel relevante en materia de seguridad a través de la Comisión Especial para los Refugiados.
El planteamiento sostiene que la protección internacional debe aplicarse respetando el marco jurídico nacional e internacional, pero evitando que esta figura pueda ser utilizada indebidamente por personas que representen una amenaza concreta para la seguridad interna.
En cuanto a Sucamec, Balladares propone intensificar la fiscalización de empresas de seguridad privada, mejorar el seguimiento de personas que poseen múltiples armas y fortalecer el control sobre polvorines, traslado y trazabilidad de explosivos.
Según su análisis, existirían vacíos o debilidades en el seguimiento del transporte de explosivos desde las plantas de producción hasta los depósitos y posteriormente hacia las zonas donde serán utilizados.
El documento cuestiona particularmente que la normativa vigente permita un margen de tiempo que podría dificultar un control exacto sobre el desplazamiento de estos materiales, especialmente cuando no existe monitoreo permanente de los vehículos encargados del traslado.
El exfuncionario también plantea revisar los mecanismos utilizados para otorgar licencias de armas bajo modalidades como tiro deportivo, caza o defensa personal, debido al riesgo de que algunas armas adquiridas legalmente terminen posteriormente reportadas como perdidas o robadas.
Para ello, propone fortalecer los procesos de evaluación, fiscalización y trazabilidad, además de establecer controles destinados a identificar patrones anómalos en la adquisición de armas.
La tesis central del documento es que el combate contra la criminalidad debe comenzar también en las fronteras, rutas comerciales y cadenas logísticas que abastecen a las organizaciones ilegales. Sin presencia territorial, inteligencia, tecnología y coordinación entre instituciones, advierte, las acciones policiales en las ciudades tendrán un efecto limitado frente a estructuras criminales que operan de manera transnacional.
