La ministra de la Mujer, María Seminario, se pronunció sobre la grave situación registrada en Condorcanqui, Amazonas, donde se han denunciado numerosos casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis. La titular del sector sostuvo que el Ejecutivo ha adoptado medidas de atención, pero cuestionó la actuación del Gobierno Regional de Amazonas, al que señaló como uno de los principales responsables de responder frente a las denuncias ocurridas en residencias estudiantiles vinculadas al sistema educativo regional.
Las declaraciones se producen en momentos en que una misión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la Organización de los Estados Americanos, llegó hasta la provincia para evaluar la respuesta de las instituciones frente a esta problemática.
Seminario explicó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha implementado acciones de carácter técnico en la zona, entre ellas servicios de atención rural y un Centro Emergencia Mujer, con el objetivo de brindar asistencia y acompañamiento a las víctimas.
La ministra reconoció, sin embargo, que se trata de un problema acumulado durante varios años y que requiere una intervención articulada de distintas entidades del Estado.
En ese contexto, sostuvo que el Gobierno Regional de Amazonas ha tenido una participación insuficiente frente a las denuncias relacionadas con agresiones contra estudiantes alojadas en residencias educativas.
Según señaló, varios de los casos involucran a docentes que dependen de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), instituciones que se encuentran bajo competencia del gobierno regional.
Seminario afirmó que esta situación implica una responsabilidad directa de las autoridades regionales en materia de prevención, supervisión y protección de las estudiantes.
La titular del MIMP indicó que esta posición ya había sido planteada anteriormente ante la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, donde cuestionó la falta de una respuesta suficiente por parte de las autoridades regionales.
El caso de Condorcanqui ha generado especial preocupación debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan niñas y adolescentes de comunidades indígenas, quienes además deben afrontar dificultades geográficas, lingüísticas y de acceso a los servicios de justicia y protección.
La llegada de representantes del MESECVI busca precisamente evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales relacionadas con la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
Como parte de las acciones anunciadas, Seminario informó que el próximo lunes 14 de septiembre se reunirá la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN).
El encuentro tendrá como objetivo establecer protocolos de atención conjunta entre las instituciones involucradas y avanzar hacia mecanismos que permitan una respuesta más rápida en los procesos de investigación y sanción.
La ministra señaló que uno de los objetivos centrales será impulsar una estrategia de justicia célere, especialmente frente a casos que afectan a menores de edad y poblaciones indígenas.
También explicó que la reunión no pudo concretarse con anterioridad debido a dificultades para coordinar las agendas de los distintos sectores involucrados, luego del cambio de autoridades producido el pasado 28 de julio.
Según indicó, ya se cuenta con la confirmación de varios ministros y se espera la participación de representantes del Poder Judicial.
La crisis en Condorcanqui vuelve a poner en evidencia la necesidad de una respuesta integral frente a la violencia sexual en comunidades indígenas, donde no basta con instalar servicios de atención. El reto pasa por fortalecer la prevención, supervisar los entornos educativos, proteger de manera efectiva a las víctimas y garantizar que las investigaciones concluyan con responsabilidades claramente establecidas.
La coordinación entre Gobierno Nacional, Gobierno Regional, sistema educativo, Ministerio Público y Poder Judicial será determinante para evitar que estos casos continúen acumulándose sin una respuesta oportuna del Estado.
