El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dispuso la prohibición de las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea, conocidos popularmente como bets, mediante una medida provisional que también alcanza a la publicidad del sector. La decisión fue anunciada a nueve días de las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de octubre, en medio de un intenso debate por el impacto económico y social de estas plataformas.
La medida fue firmada el viernes 25 de septiembre y prohíbe en territorio brasileño la explotación, oferta, intermediación y publicidad de las apuestas de cuota fija, tanto en medios físicos como digitales. La disposición incluye las apuestas sobre eventos deportivos y los juegos de casino por internet, aunque no afecta a otras modalidades de lotería autorizadas legalmente.
Lula defendió la decisión argumentando que la expansión de estas plataformas se ha convertido en un problema para numerosas familias brasileñas, especialmente por sus efectos sobre el endeudamiento y la salud pública. El Gobierno también anunció medidas complementarias destinadas a combatir las operaciones clandestinas y reforzar los mecanismos de fiscalización.
La prohibición representa un importante cambio en la política brasileña hacia esta actividad. Las apuestas de cuota fija fueron autorizadas anteriormente y posteriormente reguladas mediante la Ley 14.790 de 2023, que estableció normas para el funcionamiento de un mercado legal bajo supervisión estatal. Ahora, la nueva medida provisional modifica ese marco regulatorio y establece el retiro progresivo de las operaciones autorizadas.
El Gobierno estableció además un cronograma para el cierre. Desde la entrada en vigor de la norma quedan impedidos nuevos aportes de dinero a las cuentas de apuestas, mientras que los usuarios tendrán hasta el 5 de octubre para retirar sus saldos. Desde el 6 de octubre, los sitios y aplicaciones deberán ser bloqueados en Brasil.
La decisión también deberá pasar por el Congreso brasileño, ya que las medidas provisionales tienen vigencia inmediata, pero requieren posteriormente la aprobación del Legislativo para convertirse definitivamente en ley.
Paralelamente, el Gobierno anunció un proyecto legislativo destinado a establecer nuevos delitos relacionados con la explotación ilegal de apuestas. La propuesta contempla sanciones para operadores clandestinos y para determinadas actividades vinculadas con la promoción, intermediación financiera y funcionamiento de estas plataformas.
La medida ingresó rápidamente al debate electoral. El senador Flávio Bolsonaro, candidato opositor en los comicios del 4 de octubre, cuestionó el momento elegido por Lula para anunciar la prohibición y sostuvo que existe una motivación electoral detrás de la decisión. Esa interpretación corresponde a la posición expresada por la oposición y es rechazada por el Gobierno, que presenta la medida como una respuesta a los efectos sociales y financieros de las apuestas.
Otro de los sectores que observa con preocupación el nuevo escenario es el fútbol brasileño, debido al peso que las casas de apuestas adquirieron como patrocinadores de clubes y competiciones. Equipos y representantes del sector han advertido sobre las consecuencias económicas de perder esos contratos y sobre el riesgo de que parte de los apostadores migre hacia operadores clandestinos.
El alcance de la decisión convierte el futuro de las apuestas digitales en un asunto que trasciende el debate sobre el juego. Protección al consumidor, endeudamiento familiar, salud pública, recaudación tributaria, financiamiento del deporte y combate al mercado ilegal forman parte de una discusión que ahora también llegará al Congreso brasileño, encargado de definir la continuidad del nuevo marco impulsado por el Ejecutivo.
