Abogado de Dina Boluarte: «No existe denuncia formal contra la presidenta en la Corte Penal Internacional»

Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, reafirmó que no hay una denuncia en la Corte Penal Internacional en su contra por las muertes ocurridas en las protestas. Según el letrado, el documento presentado es solo un pedido, no una acusación formal.

En una entrevista con RPP, Joseph Campos explicó que la Corte Penal Internacional solo puede iniciar investigaciones a solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU, un Estado parte o el propio fiscal de la CPI. Por ello, rechazó que exista una denuncia formal contra Boluarte y criticó la manera en que se ha presentado el documento.

El abogado también cuestionó a políticos y diplomáticos como el exembajador Harold Forsyth, quienes, según él, insisten en difundir información errónea. Campos señaló que se ha hecho creer al público que la presidenta está bajo investigación, cuando en realidad la Fiscalía ha tomado más de 18 meses en descartar el delito de genocidio, un proceso que, según él, «ni siquiera debió abrirse».

Asimismo, enfatizó que la mandataria debería ser investigada cuando termine su gestión y lamentó que tenga que destinar tiempo a responder citaciones fiscales y asuntos políticos en medio de su mandato.

Por su parte, el exembajador Harold Forsyth defendió la ampliación del pedido ante la CPI y denunció la falta de avances en el caso de las muertes en las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Forsyth sostuvo que no hay nadie procesado ni condenado, a pesar de las 49 muertes y más de 300 heridos, y calificó como «lamentable» que a casi dos años de los hechos, no se haya formulado ninguna acusación formal.

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El debate sobre la responsabilidad de Dina Boluarte en las muertes durante las protestas sigue generando posturas encontradas. Mientras su abogado insiste en que no hay una denuncia formal en la Corte Penal Internacional, sectores políticos y diplomáticos exigen avances en las investigaciones. La discusión continúa, dejando abierta la interrogante sobre el futuro judicial de la presidenta una vez que culmine su mandato.