El abogado Humberto Abanto, defensor legal de Wilfredo Oscorima, respaldó públicamente la decisión del Congreso de avanzar en la restitución de la inmunidad parlamentaria, señalando que esta figura es clave para proteger la institucionalidad del Parlamento, incluso si entre sus integrantes pudieran existir personajes cuestionables.
Durante una entrevista en el programa Las Cosas Como Son de RPP, Abanto cuestionó la eliminación de esta prerrogativa constitucional impulsada por el expresidente Martín Vizcarra, y calificó su aprobación como una medida injustificada y peligrosa. «Delincuentes puede haber en el Congreso, pero eso no justifica eliminar la inmunidad», afirmó, aludiendo también a la posibilidad de eliminar la inmunidad presidencial en señal de coherencia, algo que, según él, Vizcarra nunca promovió con la misma firmeza.
El abogado advirtió que, en países como el Perú, donde las instituciones de persecución penal han sido utilizadas como instrumentos políticos, dejar sin protección legal a los legisladores representa una seria amenaza a la independencia del Congreso. “Las posibilidades de acosar al Congreso son muy grandes… imagínese lo que hubiera pasado entre 2017 y 2018 con un Parlamento sin inmunidad”, reflexionó.
La Comisión de Constitución del Congreso ya aprobó el dictamen que propone restituir la inmunidad parlamentaria, con 15 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Esta reforma plantea modificar el artículo 93 de la Constitución, restableciendo que los futuros senadores y diputados no puedan ser procesados ni detenidos sin autorización previa de su cámara o de la Comisión Permanente, salvo en casos de delito flagrante.
Para que esta propuesta entre en vigor, deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso con al menos 88 votos en dos legislaturas consecutivas, o en su defecto, ser sometida a un referéndum nacional.
El debate sobre la inmunidad reabre una discusión clave sobre el equilibrio de poderes en el Perú. Mientras algunos ven su regreso como una vía para fortalecer al Parlamento frente a presiones externas, otros advierten que podría blindar la impunidad de congresistas involucrados en actos ilícitos. La decisión final marcará un hito constitucional de cara a las elecciones generales de 2026.