Acceso peatonal al nuevo Jorge Chávez recién estaría listo en 2029: demoras vienen desde 2018

Las obras para garantizar un acceso peatonal adecuado al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no estarían listas hasta fines de 2028 o inicios de 2029, según informó Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva de Ositrán, en declaraciones a RPP. Esta demora se debe a la falta de ejecución de infraestructura clave por parte del Estado desde hace más de cinco años, a pesar de conocer desde 2018 la necesidad de estas intervenciones externas al terminal.

Zambrano explicó que el retraso no responde a la actual administración, sino a gestiones anteriores que no cumplieron con ejecutar las obras complementarias necesarias desde la entrega de los terrenos. Mientras tanto, solo se cuenta con puentes modulares temporales, sin espacio peatonal adecuado, lo que dificulta el tránsito de los pasajeros hacia el aeropuerto. Esta situación evidencia una planificación deficiente y falta de continuidad en políticas de infraestructura clave para el transporte público.

Respecto a los problemas recientes con vuelos cancelados y retrasados, Ositrán se encuentra actualmente en un proceso de fiscalización para determinar si existe responsabilidad por parte del concesionario LAP, y no se descartan sanciones si se comprueba negligencia operativa.

Sobre el antiguo terminal del Jorge Chávez, la funcionaria señaló que Lima Airport Partners (LAP) propuso en 2021 volver a operarlo para aliviar la carga del nuevo terminal, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó la idea por considerar que no ofrecía beneficios operativos ni ventajas claras para los usuarios. Ositrán, por su parte, consideró viable esa opción si se cumplían condiciones de eficiencia y mejora del servicio, pero el MTC desestimó el proyecto sin solicitar ajustes.

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Este escenario refleja cómo la falta de coordinación interinstitucional y la poca visión de largo plazo han afectado negativamente un proyecto de infraestructura estratégica para el país. La situación exige una revisión urgente de responsabilidades y una gestión más profesional para evitar que los ciudadanos sigan cargando con las consecuencias de decisiones mal tomadas o postergadas.