La reciente condena al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia por lavado de activos ha marcado un antes y un después en la historia judicial del Perú. Sin embargo, más allá del fallo, la atención pública se ha centrado en la maniobra de Heredia al buscar asilo diplomático en la embajada de Brasil, un movimiento que reabre el debate sobre los límites del derecho internacional y la fortaleza de las instituciones nacionales.
El abogado constitucionalista Dr. Jorge Rioja analiza la situación y señala que el asilo diplomático, regulado por la Convención de Caracas de 1954, tiene límites claros: «Está reservado para quienes son perseguidos políticamente, no para aquellos condenados o procesados por delitos comunes vinculados a la corrupción», recalca.
El episodio ha colocado a prueba la relación entre Perú y Brasil, ya que mientras el Estado peruano solicita la entrega de la ex primera dama, es el país aislante quien tiene la última palabra. «No se trata de un trámite automático… la decisión tiene repercusiones legales y diplomáticas, y puede sentar precedentes respecto al alcance y límites del asilo en la región», advierte Rioja.
Más allá de la diplomacia, la columna subraya problemas de gestión interna. Según el especialista, la «falta de coordinación efectiva entre el poder judicial, la policía y la cancillería» permitió que Heredia evadiera la captura, exponiendo debilidades estructurales del sistema. Rioja pide fortalecer la comunicación y prever medidas cautelares sin vulnerar derechos fundamentales.
El derecho a la apelación, sostiene el letrado, es central en estos contextos. «Constituye una salvaguarda esencial del Estado de derecho y un escudo ante potenciales errores judiciales o presiones mediáticas», afirma. Por ello, demanda un enfoque más profesional y ético en el tratamiento de casos de alto impacto.
Con la mirada internacional sobre el país, el desenlace del caso Heredia será una prueba para la justicia peruana y servirá como ejemplo sobre cómo enfrentar desafíos legales y diplomáticos sin ceder los principios constitucionales.