El Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional (CIP-CN) expresa su preocupación ante el anuncio del Poder Ejecutivo sobre la eliminación de 14 programas de infraestructura social, medida que podría afectar el empleo de más de seis mil ingenieros y comprometer la continuidad de obras de alto impacto en diversas regiones del país.
El Decano Nacional del CIP, Ing. Jaime Ruiz Béjar, sostuvo una reunión con profesionales que actualmente laboran en estos programas estratégicos, encargados de planificar, coordinar y ejecutar inversiones en sectores clave como salud, educación, saneamiento, vivienda rural e infraestructura vial. Durante el encuentro, se recogieron diversas inquietudes sobre el alcance de esta decisión y sus posibles efectos en la ejecución de proyectos fundamentales para la población.
“El anuncio genera preocupación entre nuestros agremiados, pues podría poner en riesgo tanto su estabilidad laboral como la continuidad de obras prioritarias para el desarrollo del país”, señaló el Ing. Ruiz Béjar. Asimismo, indicó que es necesario asegurar que cualquier proceso de reorganización institucional cuente con el respaldo técnico adecuado y considere el capital humano especializado que ha venido trabajando en estos programas.
Los programas involucrados –Provías Nacional, Provías Descentralizado, PRONATEL, PRONIED, PRONIS, PNSU, PNSR, PNVR, PNDP, PSI, PCN (Plan COPESCO y Nuestras Ciudades), y el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)– desarrollan infraestructura esencial que beneficia tanto a zonas urbanas como rurales, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del país.
El CIP advierte que una eventual discontinuidad en estos programas podría impactar negativamente en los avances logrados en materia de acceso a servicios básicos, desarrollo regional y reducción de brechas sociales. Por ello, ha solicitado al Poder Ejecutivo abrir un espacio de diálogo técnico con los gremios profesionales y demás actores involucrados, con el objetivo de evaluar conjuntamente alternativas que garanticen la eficiencia del Estado sin afectar el progreso de las comunidades ni a los profesionales comprometidos con el desarrollo nacional.