Congreso gastará 1.6 millones de soles en nuevo contrato de alimentación para parlamentarios

Un presupuesto elevado en medio del descontento ciudadano

El Congreso de la República ha iniciado un nuevo proceso de licitación para el servicio de alimentación en eventos oficiales, el cual tendrá un costo de 1.6 millones de soles por 16 meses. Este gasto, financiado con recursos públicos, superará la inversión realizada en años anteriores y ha generado críticas sobre la falta de austeridad en medio del descontento ciudadano.

Un buffet más costoso y con mayores exigencias

De acuerdo con documentos obtenidos por Cuarto Poder, el nuevo contrato titulado «Contratación del concesionario para comedores y atenciones de eventos oficiales y protocolares del Congreso de la República» garantizará a los 130 parlamentarios un servicio de desayuno, almuerzo, cena y alimentos extras hasta julio de 2026.

En comparación con el gasto de 2.037.000 soles por tres años en 2022, el monto actual implica un costo mensual mayor. Esta subida se justifica en el incremento de las porciones de los alimentos, como el aumento de 120 a 130 gramos en los filetes de pollo y pescado, así como la expansión del personal de servicio.

Además del incremento en la cantidad de mozos y ayudantes de cocina, los congresistas disfrutarán de una oferta gastronómica más variada, incluyendo ensaladas de frutas selectas, bocaditos dulces y hasta 18 tipos de sándwiches para sus reuniones.

Críticas a la falta de austeridad y desconexión con la ciudadanía

El elevado presupuesto ha sido motivo de controversia, especialmente porque la aprobación del Congreso se encuentra en niveles bajos. Según una encuesta de Ipsos para Perú21, la desaprobación ciudadana alcanza el 88 %.

El analista político Iván García calificó el gasto como «una muestra de insensibilidad y desconexión con la realidad», destacando que millones de peruanos siguen afrontando dificultades económicas, mientras que el Parlamento incrementa sus privilegios sin mostrar señales de austeridad.

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El proceso de licitación concluirá el 25 de febrero, y si bien el Congreso defiende esta contratación como una necesidad operativa, la indignación ciudadana sigue en aumento.