En el cierre de la legislatura, cuando la atención pública está dispersa, el Congreso vuelve a encender las alarmas al intentar aprobar una controversial ley de casinos y apuestas deportivas, impulsada principalmente por Ilich López, pese a las advertencias del Ejecutivo, el MEF y especialistas tributarios.
La iniciativa busca modificar el régimen de apuestas reduciendo la carga tributaria y los mecanismos de control del sector, un cambio que según expertos generaría un impacto negativo en la recaudación nacional. Fuentes legislativas aseguran que López, primer vicepresidente del Parlamento, estaría maniobrando para asumir la Mesa Directiva en el momento preciso e incluir el proyecto “de contrabando” en la agenda del Pleno, pese a carecer de consenso técnico y respaldo externo. Para el MEF, la propuesta debilita la supervisión, recorta ingresos, crea vacíos regulatorios que facilitan la evasión y abre la puerta a beneficios injustificados para operadores privados. En paralelo, congresistas de APP también estarían presionando para aprobar la norma antes del cierre, en presunto vínculo con intereses del sector.
El Ejecutivo ya observó una versión previa de la ley por sus severas deficiencias. Economistas advierten que permitir su aprobación sería un retroceso: el Estado perdería ingresos clave para salud, educación y seguridad, mientras un negocio millonario aportaría aún menos. Además, se comprometería la transparencia tributaria y se abrirían espacios para elusión y lavado de activos, en un contexto donde el Congreso insiste en legislar sin debate ni control ciudadano.
El intento de aprobar la norma en las últimas horas de la legislatura refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de transparencia y exigir un proceso legislativo responsable. En un país que requiere reglas claras y sostenibilidad fiscal, decisiones de alto impacto no pueden tomarse a espaldas de la ciudadanía.
