El expresidente Martín Vizcarra ha sido inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas, luego de que el Pleno del Congreso aprobara, tras una reconsideración, la sanción vinculada al cierre del Congreso ocurrido en 2019. La decisión fue adoptada con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones, revocando así el resultado anterior que había impedido esta medida.
La reconsideración fue impulsada por los legisladores Noelia Herrera y Jorge Montoya, y logró 95 votos a favor para ser admitida. Con ello, se reabrió la votación del 30 de abril, en la que apenas se habían alcanzado 61 votos —insuficientes para aplicar la sanción— y se había anunciado que el caso sería archivado. Sin embargo, el nuevo escenario permitió avanzar con la inhabilitación de Vizcarra por su decisión de disolver el Congreso en 2019, un hecho que aún genera debate en el ámbito político y constitucional peruano.
Durante la sesión anterior, Vizcarra se presentó en el hemiciclo y cuestionó la baja presencia de congresistas, criticando que apenas 40 de los 130 parlamentarios asistieran a discutir un tema de gran trascendencia. El exmandatario también recordó que muchos se conectaron de manera virtual tras la aprobación del formato semipresencial para la sesión.
Cabe destacar que esta no es la única sanción que enfrenta el expresidente. Vizcarra ya está inhabilitado por 10 años por su vacunación irregular contra la COVID-19 en 2020, y además enfrenta una inhabilitación de 5 años por presuntos vínculos con empresas privadas durante su etapa como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
El nuevo fallo del Congreso no solo agrava la situación política de Vizcarra, sino que también reactiva el debate sobre los límites del poder presidencial y el rol fiscalizador del Parlamento. Este caso sienta un precedente importante en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un país marcado por la inestabilidad institucional y la desconfianza ciudadana hacia sus autoridades.