¿Cuál es el siguiente paso tras la admisión de la demanda competencial en el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional admitió la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo frente a la moción de vacancia presidencial promovida por un sector del Congreso, pero también rechazó la solicitud de una medida cautelar. ¿Cómo entender este escenario?

Demanda competencial
El expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, aseguró en RPP Noticias que la admisión de 6 votos a favor y uno en contra sobre la demanda competencial significa que se comprobaron los requisitos formales para dar trámite al proceso.

«Lo que sí es importante, desde un punto de vista más que formal, es consustancial a la admisión, es comprobar si los dos organismos que están en pugna en este conflicto de competencias son organismos reconocidos constitucionalmente. Y no cabe duda que lo son: el Congreso y el Ejecutivo. Eso sería un elemento subjetivo. Y un elemento objetivo sería si las competencias que están en cuestión tienen contenido constitucional y obviamente aquí se trata que el Ejecutivo está objetando que el Congreso en uso de su facultad de declarar la vacancia lo está haciendo de forma indebida», aclaró.

¿Plazos dentro de este proceso?
Oscar Urviola precisó que el código procesal constitucional señala 60 días hábiles desde la interposición de la demanda competencial para conocer una resolución final sobre el proceso

Sostuvo que una vez contestada la demanda por el Congreso de la República el Tribunal Constitucional tienen 10 días hábiles dentro de los cuales debe fijar una fecha para la vista de la causa, que es una audiencia para que las partes expongan sus respectivas posiciones.

«Producida la vista la causa el Tribunal tiene hasta 30 días hábiles dentro de los cuales, en cualquier momento, puede dictar sentencia. Ahí termina el procedimiento», agregó.

El 11 de septiembre pasado el Congreso de la República aprobó la admisión de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por su vinculación al caso ‘Richard Swing’ tras la revelación de audios por el congresista Edgar Alarcón. Este hecho originó que el Poder Ejecutivo interpusiera una demanda competencial y una medida cautelar el 13 de septiembre ante el Tribunal Constitucional.