El Congreso de El Salvador aprobó una reforma que permite trasladar a menores detenidos por delitos relacionados con pandillas a cárceles de adultos, donde permanecerán en pabellones separados hasta cumplir los 18 años.
A solicitud del presidente Nayib Bukele, el Parlamento salvadoreño modificó la Ley Penal Juvenil, estableciendo que los menores de edad vinculados al crimen organizado serán transferidos a la jurisdicción de la Dirección de Centros Penales, responsable de administrar las cárceles de adultos.
De acuerdo con la reforma, estos menores permanecerán separados en pabellones especiales hasta cumplir la mayoría de edad, momento en el que ingresarán al régimen general de adultos. La medida busca diferenciar a los adolescentes relacionados con grupos criminales de aquellos que han cometido delitos menores o de manera aislada.
Por otro lado, los menores procesados por delitos comunes seguirán bajo custodia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), con el objetivo de fomentar su reintegración social.
Restricciones a la libertad condicional
El Congreso también aprobó otra reforma que prohíbe la libertad condicional y anticipada para personas condenadas por delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado. Según el documento, la restricción es clave para evitar la reducción de penas a integrantes de grupos delictivos, considerados como una de las principales amenazas para la seguridad y derechos humanos en el país.
Estas reformas se suman a una serie de endurecimientos en el código penal, incluyendo el incremento de penas de homicidio agravado hasta los 60 años de prisión.
Desde marzo de 2022, El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción en el marco de la lucha contra las pandillas, lo que ha resultado en la detención de más de 83.000 personas, de las cuales unas 8.000 han sido liberadas, según fuentes oficiales.
Las nuevas reformas refuerzan la política de mano dura del gobierno de Bukele contra el crimen organizado, priorizando el encarcelamiento de menores vinculados a pandillas y eliminando beneficios penitenciarios para los condenados. Mientras el Ejecutivo sostiene que estas medidas son necesarias para combatir la violencia, organismos de derechos humanos advierten sobre sus posibles implicaciones en el trato a los adolescentes.