El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó dos reglamentos clave que regirán en las elecciones generales 2026, programadas para el 12 de abril del próximo año. Las nuevas normas precisan los procedimientos para el recuento de votos y el tratamiento de las actas observadas, en un contexto marcado por la implementación de cambios normativos como la bicameralidad y el voto digital.
Mediante la Resolución N.° 0182-2025-JNE, el JNE estableció que el recuento de votos podrá ejecutarse de manera excepcional por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE), utilizando las cédulas de sufragio contenidas en los sobres lacrados enviados por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Este procedimiento busca preservar la voluntad popular en casos donde una o más organizaciones políticas puedan verse afectadas por nulidades o observaciones graves en las actas.
El recuento será válido únicamente si el cotejo de actas no logra subsanar los errores, y cuando no existan copias oficiales del acta electoral en la ODPE, el JEE, la ONPE o el mismo JNE. En cambio, no se permitirá el recuento de votos en actas que no hayan sido observadas por la ODPE.
Paralelamente, la Resolución N.º 0180-2025-JNE introduce el reglamento para el procedimiento de actas observadas, votos impugnados y nulidades, aplicable tanto a las elecciones generales como a los comicios de representantes ante el Parlamento Andino. Este reglamento reemplaza al usado en procesos anteriores (2016, 2020 y 2021) y responde a recientes reformas legislativas.
Entre sus disposiciones, se detalla el llenado del acta electoral, el tratamiento de actas con impugnaciones, los criterios para las mesas de sufragio digital y los pasos para el procesamiento y remisión de las actas a los organismos correspondientes. También se especifica cómo debe aplicarse el cotejo para resolver las observaciones y cuándo corresponde aplicar un nuevo recuento de votos.
Estas medidas refuerzan la transparencia del sistema electoral peruano de cara a los comicios de 2026, y buscan garantizar que cada voto cuente en un contexto de modernización democrática y reformas estructurales impulsadas por el Congreso.