Una de las leyes aprobadas más polémicas fue la ampliación -por tercera vez- del plazo para que los docentes universitarios obtengan su grado de maestría o doctorado, requisitos que estaban establecidos en la Ley Universitaria desde el 2014. El plazo inicialmente vencía en el 2020, luego se prorrogó hasta el 2021, 2023 y en los últimos Plenos se extendió hasta el 30 de diciembre de 2025.
Golpe a la calidad educativa
La iniciativa, que fue aprobada con 84 votos, significaría un golpe a la institucionalidad de la universidad peruana, indica Paul Neira, experto en educación superior. «Todos los argumentos esgrimidos en el debate del Pleno del Congreso han sido de un nivel lamentable (…) La decisión hace retroceder al Perú en su deseo por competir a nivel internacional», sostiene.
El especialista explica que los ránkings internacionales miden la consistencia y prestigio de las universidades no solo por la investigación académica sino también por el porcentaje de docentes que tienen un grado académico mayor al del bachillerato. «No me parecería extraño que en el 2025 este mismo Congreso amplíe el plazo dos años más hasta el 2027″, comenta.
Paul Neira recuerda además la ley para reponer a 14 mil docentes interinos de manera automática sin ser evaluados que se aprobó en setiembre pasado y que ha quedado en manos del Ejecutivo. «[Con esta ley] se estaría condenando a más de 220 mil estudiantes a una calidad totalmente discutible. No tenemos certeza de que esos docentes dan la talla y esto es algo que debería preocupar a todos los peruanos, porque no existe mejor herramienta para que un país se transforme que la educación«, puntualiza.
La modificación de las PASO
Otra de las leyes criticadas fue la modificación a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, conocidas como las PASO. Con 74 votos a favor, el Congreso aprobó que estas elecciones previas, que servían como filtro para que los peruanos elijan a los candidatos de los partidos políticos para las próximas elecciones, ahora prácticamente ya no cuenten con participación ciudadana.
Esto devuelve el poder a las cúpulas partidarias para elegir candidatos, lo que significa un grave retroceso en la reforma electoral, sostiene la politóloga Katherine Zegarra. «Los parlamentarios han mostrado tener una agenda específica que va en contrarreforma a algunos avances que ya se han tenido a lo largo del tiempo», comenta.
Zegarra agrega que, si bien, es usual que hacia el fin del año se aprueben proyectos de ley en cantidad, «en el Congreso existen intereses particulares, que están relacionados a negocios ilegales e ilegítimos y se actúa a favor de dichos intereses en lugar de trabajar por el bien común».
Leyes que ponen en peligro nuestro medio ambiente
En temas medioambientales se aprobó modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con medidas que permitirían el aumento de la deforestación. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) rechazó esta medida y precisó que no se ha cumplido con el proceso regular para su aprobación, que incluye la consulta previa.
Para Iris Olivera, líder del proyecto de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) esta ley «es una carta blanca y una línea de impunidad para aquellas actividades empresariales que no están cumpliendo con los requisitos de la ley forestal», comentó en Ampliación de Noticias.
Mientras que el activista ambiental Iván Rojas advirtió que «lo que pretende esta ley es quitar esas herramientas que nos ponen las reglas de juego y nos dan un equilibrio entre medio ambiente, comunidades y agricultura«.
Temas pendientes y el silencio del Ejecutivo
Algunos temas quedaron pendientes culminada la legislatura. La principal es la moción para inhabilitar inmediatamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se revisará en marzo del próximo año. «Hemos vivido el cierre de esta legislatura de forma precipitada, lo cual es normal, pero en este caso ha terminado con el deseo de disparar a la JNJ sin ningún fundamento y de manera ‘exprés’, como se está empezando a hacer todo en el Perú», comenta el analista político Oscar Díaz.
El especialista le añade que no sorprende que el Poder Ejecutivo guarde silencio ante las leyes que se han aprobado desde el Parlamento. «Existe una convivencia por conveniencia [entre ambos poderes]. El parlamento, a ratos, quiere aparentar que fiscaliza, pero en realidad no lo hace y el Ejecutivo está aterrado, es frágil. Tenemos una presidenta con un 9% de aprobación y sin Parlamento. Nunca se ha visto algo así», refiere.
Lo que sí preocupa, según los analistas consultados, es la falta de respuesta por parte de la ciudadanía. «La población está adormecida y traumada de la experiencia violenta de los primeros meses del año [protestas sociales]. Además no tenemos liderazgos, ni de izquierda ni de derecha. Estamos sobreviviendo y el peruano está más preocupado en cómo hacer para pagar sus deudas y comer mañana», finaliza Díaz.