La Procuraduría General de Brasil pidió condenar a prisión al primero de los acusados que la Corte Suprema sienta en el banquillo por los hechos del 8 de enero pasado donde la justicia brasileña señala como un «grave atentado contra la democracia».
El viceprocurador Carlos Frederico Santos declaró en la primera audiencia del juicio sobre la asonada de enero que se trató de un movimiento «totalitario» que intentó «derrocar» al Gobierno de Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. El funcionario afirmó que este movimiento se basó en el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones de 2022, alimentado por «mentiras» de la ultraderecha.
Según Santos, el movimiento empujado por «noticias falsas» y «sin prueba alguna» sobre esas presuntas irregularidades, tuvo sus bases en comentarios que hizo por redes sociales el expresidente Jair Bolsonaro, líder de la extrema derecha derrotado en las urnas por ‘Lula’.
El representante de la Procuraduría solicitó una sanción pecuniaria de 100 millones de reales, unos 20 millones de dólares, que debería ser pagado entre todos los condenados.
(FRANCE24)