La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por la presunta comisión de varios delitos mientras ejercía el cargo. La acusación fue elaborada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales y marca un nuevo capítulo en la crisis institucional del Ministerio Público.
Según el comunicado oficial, a Benavides Vargas se le atribuyen los delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad, todos en agravio del Estado peruano. La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria habría aceptado apoyo en un proceso disciplinario seguido ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), a cambio de nombrar fiscales afines a José Luis Castillo Alva en el Equipo Especial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
La denuncia también detalla que Benavides habría manipulado el sistema de designaciones y remociones fiscales con el fin de evitar investigaciones contra Castillo Alva, y que habría cometido actos arbitrarios, como el nombramiento de Abelardo Caycho en un despacho de Lima Noroeste, con el propósito de investigar a Walter Ríos Montalvo por supuestos delitos que favorecían a su aliado.
Asimismo, se le acusa de obstruir investigaciones contra dos periodistas y un policía, también por pedido de Castillo Alva, y de favorecer al entonces fiscal supremo provisional Franklin Tomy López para impedir indagaciones al fiscal adjunto supremo Javier Huamaní, vinculado a presuntas comunicaciones con el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi.
La Fiscalía ha comunicado estos hechos a la JNJ y ha remitido las pruebas correspondientes respecto a la implicación de Franklin Tomy López, acusado de encubrimiento personal, reforzando la gravedad del caso.
Este proceso no solo pone en entredicho la independencia del Ministerio Público, sino que revela una presunta red de favores y blindajes que podría haber debilitado la lucha contra la corrupción en las más altas esferas judiciales. La resolución que adopte el Congreso será decisiva para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia del país.