La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó este viernes dos denuncias constitucionales en contra de las parlamentarias Rosio Torres y Heidy Juárez, implicadas en el caso denominado ‘Mocha sueldos’, por el presunto delito de concusión.
En su cuenta de X (antes Twitter), el Ministerio Público precisó que los hechos guardan relación con los cobros presuntamente indebidos que las referidas parlamentarias habrían efectuado no solo en sus respectivos despachos congresales, sino también en las comisiones que presidían.
¿Cuál es la denuncia de Rosio Torres?
Según el dominical Punto Final, la parlamentaria Rosio Torres habría obligado a sus trabajadores a realizar depósitos de parte de sus sueldos en la cuenta de su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra.
En el reportaje se expuso el caso de Cecilia Salazar Mattos, quien ejerció como asesora de Torres desde julio de 2021 hasta agosto de 2022. Durante ese período transfirió un monto superior a los 24 mil soles.
Del mismo modo, Jesús Sierra Tapia, asesor principal de Rosio Torres, habría transferido 4 400 soles a Pérez Guerra en junio del 2022. Abigail García Díaz, César Macedo Von Bancels y Estefanía Calvo Zúñiga, todos trabajadores del despacho de Torres, se encontrarían en la misma situación.
Tras la exposición de la denuncia periodística, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció la expulsión de la parlamentaria del partido.
En junio del 2023, la Comisión de Ética apenas le impuso una multa de 30 días y una amonestación pública escrita por este caso.
La presentación de la denuncia constitucional se produce después de que, el 18 de febrero último, el Poder judicial ordenara a la Fiscalía concluir la investigación preliminar seguida a Torres desde el 4 de abril del 2023. En esa investigación también está incluido Juan Pérez Guerra, como presunto cómplice del delito de concusión.
El caso Heidy Juárez
El año pasado, el semanario Hildebrandt en sus trece denunció que los salarios de cuatro trabajadores del despacho de la parlamentaria Heidy Juárez eran recortados y entregados a un intermediario.
El semanario reveló también que cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático señalaron que la entonces presidenta de este grupo, Heidy Juárez, exigió pagos a través el asesor de su despacho Miguel Chafloque.
Chafloque les exigía pagos mensuales que podían ser entre S/200, S/300 y hasta S/1 000, los cuales provenían de sus sueldos como trabajadores de la comisión especial.
Al igual que su colega Rosio Torres, Heidy Juárez se salvó de ser suspendida por 120 días. En junio del año pasado, la Comisión Ética optó por solo amonestarla por supuestamente recortar el salario de sus trabajadores.
(RPP)