La Fiscalía de la Nación ha reiterado su pedido al Poder Judicial para que se autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un dispositivo de grabación entregado por el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’. El equipo contendría una conversación con el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, y sería crucial en la investigación por abuso de autoridad.
El requerimiento fue presentado el pasado 25 de marzo por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y solicita autorización para la identificación, acceso, lectura, transcripción e impresión del contenido del dispositivo. Según el Ministerio Público, el material tendría relación directa con los hechos investigados en el caso contra el extitular del Interior, quien es acusado de haber intentado influir indebidamente en asuntos de interés estatal.
La solicitud fue elevada al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia reservada el lunes 19 de mayo para evaluar el pedido con la presencia de las partes procesales. Cabe señalar que el capitán Izquierdo entregó voluntariamente el dispositivo el 29 de agosto de 2024, indicando que se solicite la autorización judicial respectiva para acceder a su contenido.
De acuerdo con el abogado del oficial, el dispositivo contiene una grabación del 21 de mayo de 2024, realizada en un restaurante del distrito limeño de San Borja, en la que su cliente conversó con Santiváñez. Según versiones difundidas por la prensa, en dicha charla el entonces ministro habría solicitado al policía realizar gestiones para «controlar a un periodista», entre otros asuntos delicados.
El exministro ha negado reiteradamente ser autor de los audios y asegura que no tuvo participación en dichas conversaciones, a pesar de que estas forman parte de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía.
El desenlace de esta solicitud podría marcar un precedente en el uso de grabaciones privadas como prueba clave en casos de presunta corrupción o abuso de poder en el Estado peruano. El Poder Judicial deberá decidir si se permite el acceso a un material que podría comprometer seriamente al exfuncionario y confirmar las denuncias públicas que han salido a la luz.