El presidente José María Balcázar anunció la suspensión de la firma del contrato para la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70, valorizados en aproximadamente 3 500 millones de dólares, argumentando que será el próximo gobierno quien tome la decisión final. La medida, revelada en una entrevista radial, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y de defensa nacional.
El mandatario sostuvo que esta adquisición no es prioritaria en el contexto actual y que, por tratarse de una inversión de gran magnitud, debe contar con la legitimidad de una nueva administración. Sin embargo, desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, citó a altos funcionarios del Ejecutivo para que expliquen el estado de las negociaciones, enfatizando la necesidad de transparencia en un tema clave para la seguridad nacional. La decisión también provocó una reacción internacional, luego de que el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, advirtiera sobre posibles consecuencias si se perciben acciones contrarias a los intereses de su país.
En el ámbito especializado, el contralmirante en retiro Juan Carlos Llosa cuestionó la forma y el fondo del anuncio, señalando que decisiones de esta magnitud deben tratarse en instancias formales como el Consejo de Seguridad Nacional. Además, criticó la postergación de una compra considerada estratégica para la renovación del poder aéreo, recordando que este tipo de decisiones son políticas de Estado y no deberían depender de la condición transitoria del gobierno. La controversia pone en evidencia tensiones entre la planificación militar, la política interna y las relaciones internacionales.
La postergación de esta compra abre un debate de fondo sobre las prioridades del país, el manejo de la defensa nacional y la continuidad de políticas estratégicas. Más allá del momento político, el caso refleja la necesidad de establecer criterios claros y sostenidos en decisiones que impactan la seguridad, la soberanía y la proyección internacional del Perú.
