El Poder Judicial de Perú dará lectura completa este 29 de abril a la sentencia que condena a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado durante las campañas electorales de 2006 y 2011. La audiencia se realizará a las 10 de la mañana en el Edificio Carlos Zavala Loayza, en el Cercado de Lima, marcando un hito en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años.
La condena establece que la expareja presidencial recibió aportes ilícitos del gobierno del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez para la campaña de 2006 y de la constructora brasileña Odebrecht para la de 2011. Tras la lectura anticipada de la sentencia el pasado 15 de abril, Humala fue trasladado al penal de Barbadillo en Ate, donde también están recluidos Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Mientras tanto, Nadine Heredia obtuvo asilo diplomático en Brasil y abandonó el país junto a su hijo menor en un avión oficial enviado por el gobierno de Lula da Silva, pese a tener vigente una orden de captura.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, compuesto por las juezas Nayko Coronado Salazar y Juana Caballero García, determinó que ambos actuaron como coautores del delito, apoyados por operaciones financieras irregulares como depósitos enviados desde la empresa venezolana Kayzamak hacia cuentas en Perú. La investigación evidenció transferencias de 67 mil y 18 mil dólares a familiares y allegados de Heredia, que luego fueron dirigidos a sus propias cuentas bancarias. También se descubrió un contrato ficticio de servicios de marketing entre Heredia y la empresa Apoyo Total, que sirvió para disimular el origen ilícito de los fondos.
Además de Humala y Heredia, fueron sentenciados Ilan Heredia Alarcón a 12 años y Mario Julio Torres Aliaga a 8 años de prisión. Todos deberán cumplir su pena en penales designados por el INPE y pagar una reparación civil de 10 millones de soles en favor del Estado peruano. Los jueces concluyeron que los acusados realizaron coordinaciones para legitimar dinero ilícito proveniente de Venezuela, configurando un claro caso de lavado de activos.
La resolución del caso reafirma la importancia de combatir la corrupción política y fortalece el mensaje de que los delitos económicos vinculados a campañas electorales no quedarán impunes. Este fallo representa un precedente crucial para la transparencia en los procesos políticos peruanos.