El aumento del salario mínimo vital (RMV) de S/1,025 a S/1,130, anunciado por la presidenta Dina Boluarte, ha abierto un intenso debate sobre sus efectos. Aunque podría beneficiar a una minoría, muchos temen que las consecuencias en la economía y la formalización laboral sean contraproducentes.
El reciente incremento de S/105 en el salario mínimo, el mayor desde 2016, representa una medida simbólica que, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), impactará directamente solo al 1 % de los trabajadores formales. En un país donde el 76 % de los trabajadores es informal y el 39 % de ellos gana menos que el salario mínimo actual, esta política parece insuficiente para cambiar el panorama laboral.
La medida también plantea un desafío para las pequeñas empresas, que podrían enfrentar mayores dificultades para cumplir con el nuevo monto. Esto fomentaría un aumento en la contratación informal, dificultando aún más la formalización de los trabajadores.
El contexto político no pasa desapercibido: desde el año 2000, 13 de los 15 aumentos del RMV han ocurrido en momentos de baja aprobación presidencial o periodos electorales, lo que sugiere que estas decisiones obedecen más a intereses políticos que a análisis técnicos.
A nivel internacional, el RMV en Perú equivale al 57 % del salario promedio, una proporción superior a la de países como México, Brasil y Chile, y muy por encima del promedio de la OCDE (42 %). Esto subraya las dificultades de las empresas menos productivas para absorber estos costos, empujándolas hacia la informalidad.
Según el IPE, tras el último incremento en 2022, 28 % de los jóvenes que contaban con empleos formales migraron al sector informal en el año siguiente.
El incremento del salario mínimo busca mejorar las condiciones laborales, pero podría tener efectos no deseados si no se acompaña de reformas estructurales. El IPE recomienda fomentar la inversión privada y mejorar la competitividad del mercado laboral para generar empleos de calidad y sostenibles. Reformas en la regulación tributaria y laboral son esenciales para un impacto duradero en los ingresos de los trabajadores.