Las organizaciones políticas que competirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 acordaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invite al debate por la Alcaldía de Lima al candidato inscrito para ese cargo o, en su defecto, al primer regidor que quede legalmente habilitado para asumir la alcaldía en caso su lista resulte ganadora. La decisión se tomó durante una nueva reunión de coordinación con el organismo electoral, mientras continúa pendiente una definición sobre los casos de alcaldes que postulan como primeros regidores.
El acuerdo fue adoptado por mayoría durante la segunda mesa de coordinación realizada este 14 de septiembre, como parte de la preparación de los debates previstos para los días 21 y 22 de septiembre.
Según información periodística, el JNE deberá resolver en los próximos días qué representantes estarán finalmente habilitados para participar.
El director de Educación del organismo electoral, Carlos Vilela, explicó que las organizaciones políticas acordaron que la invitación sea cursada al candidato a alcalde o al primer regidor que posteriormente pueda quedar habilitado para recibir la credencial correspondiente.
La controversia tiene especial relevancia en el caso de Rafael López Aliaga, quien participa como primer regidor en la lista de Renovación Popular.
La organización política busca que López Aliaga pueda intervenir en el debate en representación de su agrupación, aunque esta posibilidad dependerá de las decisiones que adopten las instancias jurisdiccionales del JNE.
El debate también gira en torno a una cuestión de mayor alcance: determinar si un alcalde elegido en 2022 que ahora postula como primer regidor puede posteriormente asumir nuevamente la alcaldía mediante sucesión en caso de que su lista gane las elecciones.
El tema ha generado cuestionamientos entre otras organizaciones políticas.
El representante del Partido Popular Cristiano (PPC), Jorge Villena, criticó que todavía no exista una decisión definitiva por parte del organismo electoral y señaló que la demora mantiene en incertidumbre a los partidos cuando faltan pocas semanas para los comicios.
Según Villena, los partidos solicitaron previamente una respuesta dentro de un plazo de tres días hábiles, pero el pronunciamiento aún no se había producido al momento de la reunión.
La controversia comenzó durante la primera reunión de coordinación, realizada el 7 de septiembre, cuando Renovación Popular solicitó que López Aliaga pueda representar a la agrupación durante el debate por Lima.
Ante este escenario, 14 organizaciones políticas acordaron pedir al Pleno del JNE un pronunciamiento para determinar si alcaldes elegidos en el periodo municipal anterior pueden recibir nuevamente una credencial de alcalde mediante el mecanismo de sucesión.
Renovación Popular se opuso a este pedido.
El debate jurídico está vinculado con el artículo 194 de la Constitución, que establece la prohibición de reelección inmediata de alcaldes.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, explicó anteriormente que existe una diferencia entre permitir que un alcalde en ejercicio postule como primer regidor y determinar posteriormente si ese mismo candidato puede recibir una credencial para volver a ejercer la alcaldía.
Según información proporcionada por el organismo electoral, 153 alcaldes en todo el país participan en estas elecciones como primeros regidores, aunque no todos los casos han llegado al Pleno del JNE mediante recursos de apelación.
Por ese motivo, la decisión que adopte el organismo electoral podría tener efectos más allá de Lima y establecer criterios aplicables a otros procesos municipales en distintas regiones del país.
Mientras se resuelve la controversia jurídica, el debate electoral por la Alcaldía de Lima Metropolitana continuará con su programación prevista.
Las jornadas se desarrollarán los días 21 y 22 de septiembre, con 13 representantes en cada fecha y una metodología organizada en cuatro bloques.
Las organizaciones políticas y el JNE continúan coordinando aspectos como el orden de participación, las intervenciones y los mecanismos de interacción entre candidatos.
La decisión pendiente será determinante no solo para definir quién representará a determinadas agrupaciones en el debate, sino también para aclarar los límites de la prohibición constitucional de reelección inmediata y garantizar reglas uniformes antes de la jornada electoral.
