El fiscal José Domingo Pérez calificó como una medida «injusta y abusiva» su suspensión por seis meses del Ministerio Público, decisión que además lo separa de los emblemáticos casos Odebrecht y Lava Jato. Asegura que esta sanción responde a intereses oscuros dentro de la institución y promete tomar acciones legales para revertirla.
Pérez afirmó que la suspensión es comparable con épocas de represión vividas en los años 90, cuando fiscales eran objeto de presiones bajo el régimen de Blanca Nélida Colán. En una entrevista para RPP, el fiscal sostuvo que hoy en día la presión viene de autoridades que, según él, han entregado sus funciones a organizaciones criminales investigadas. Denunció directamente un supuesto pacto ilícito entre el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Juan Fernández Jerí, y un abogado vinculado a Fuerza Popular, lo que habría sido determinante para apartarlo del caso Lava Jato.
También responsabilizó a la fiscal suprema Delia Espinoza por no actuar frente a las decisiones de Fernández Jerí, dejando la puerta abierta para su salida. El fiscal indicó que durante los seis meses de sanción no podrá participar en ninguna diligencia ni ejercer funciones dentro del Ministerio Público, aunque ya está preparando los recursos legales necesarios para anular la medida, al considerar que no tiene sustento jurídico.
La sanción se sustenta en una resolución del Tribunal Constitucional de agosto de 2024, que favoreció una demanda presentada por el abogado Arsenio Oré Guardia. Este buscaba anular una disposición del coordinador Rafael Vela, que le impedía apartarse de un proceso penal. A raíz de este fallo, la ANC determinó que Pérez habría infringido sus deberes al intervenir en dicho caso. Sin embargo, el fiscal se defiende asegurando que actuó conforme a sus funciones y que se está utilizando esta resolución como pretexto para sancionarlo injustamente.
Por ahora, José Domingo Pérez solo podrá ejercer como abogado, al quedar temporalmente fuera del sistema fiscal. Su salida representa un duro golpe para las investigaciones sobre corrupción más sensibles del país, especialmente en un contexto donde se cuestiona la independencia del Ministerio Público.