La reciente decisión de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de iniciar diligencias preliminares contra los partidos Fuerza Popular y País para Todos ha reavivado el debate sobre la posible judicialización de la política. El abogado constitucionalista Andy Carrión advierte que si se investiga a todas las agrupaciones denunciadas por la ciudadanía, se podría generar un riesgo para la democracia.
Carrión explicó que la Fiscalía tiene la facultad de indagar a partidos políticos con conductas antidemocráticas, como ocurrió con la exclusión del partido A.N.T.A.U.R.O. en procesos anteriores. Sin embargo, considera que aplicar este criterio a todas las organizaciones denunciadas podría generar un estigma que condicione su participación en elecciones. Para el experto, una conducta antidemocrática implica intentar subvertir el orden constitucional, no solo expresiones polémicas de un candidato en campaña.
El abogado también advirtió que la Fiscalía tiene un margen interpretativo para promover estas investigaciones ante el Poder Judicial, lo que podría sentar un precedente de intervenciones excesivas en la política. Afirmó que es necesario diferenciar entre discursos políticos y acciones concretas que amenacen la democracia, evitando que la justicia se convierta en una herramienta de control electoral.
El caso pone sobre la mesa una discusión clave para la institucionalidad del país: ¿Hasta qué punto la intervención judicial en política es necesaria y cuándo se convierte en un obstáculo para el pluralismo democrático?