La bancada de Juntos por el Perú informó que seguirá de cerca la investigación contra el diputado Julián Pérez Mallqui, denunciado por presuntos actos de violencia física y psicológica contra una mujer. El grupo parlamentario expresó su rechazo a cualquier forma de agresión, aunque remarcó que respetará el debido proceso antes de adoptar eventuales medidas internas.
A través de un comunicado, la agrupación señaló que el caso se encuentra en manos de las autoridades competentes y que esperará los resultados de las diligencias. Asimismo, indicó que evaluará las acciones que correspondan dentro de sus atribuciones y de acuerdo con sus normas internas.
La Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar inició diversas actuaciones luego de la detención del parlamentario. Las diligencias se realizaron en la Comisaría de San Miguel con el propósito de reunir elementos que permitan esclarecer la denuncia y definir las medidas legales correspondientes.
El Ministerio Público precisó que las acciones también buscan garantizar la protección de la presunta agraviada. Posteriormente, Pérez Mallqui fue trasladado al área de Medicina Legal para continuar con los procedimientos previstos en este tipo de investigaciones.
Según información periodística, el diputado fue intervenido después de que su expareja lo denunciara por una presunta agresión ocurrida en un departamento ubicado en el jirón Manco Segundo, en el distrito limeño de San Miguel.
La versión preliminar señala que Pérez Mallqui habría acudido al inmueble y que, al intentar ingresar, se produjo un forcejeo con el padre de la denunciante. Estos hechos deberán ser verificados durante las pesquisas fiscales y policiales.
El legislador también registra tres sentencias judiciales correspondientes a procesos desarrollados en Ayacucho, Urubamba y Kimbiri, antecedente que ha incrementado la atención pública sobre su situación legal.
El avance de la investigación será determinante para establecer responsabilidades y para definir si la bancada adopta sanciones políticas o disciplinarias. El caso vuelve a poner en debate la respuesta de las organizaciones políticas frente a denuncias de violencia y la necesidad de garantizar tanto la protección de las víctimas como el respeto al debido proceso.
