Los congresistas de la República podrán postular a cargos de elección popular en las Elecciones Generales, Regionales y Municipales 2026 sin renunciar a su escaño legislativo, según lo establece la reciente Ley 32058. La norma, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, ha encendido las alarmas por el posible uso indebido de recursos estatales con fines partidarios.
La ley fue aprobada en mayo del 2023 y permite a los parlamentarios presentar sus candidaturas a la Presidencia, vicepresidencias, Congreso bicameral, gobiernos regionales y alcaldías, sin necesidad de separarse de su función congresal. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha recordado la importancia de respetar las normas de neutralidad electoral, expertos advierten sobre una peligrosa ambigüedad entre las labores de representación y el proselitismo político.
Entre las principales preocupaciones está la posibilidad de que congresistas en campaña accedan a movilidad oficial, seguridad, viajes, viáticos, alimentación, papelería y otros servicios financiados con presupuesto público. Esta ventaja frente a otros candidatos podría generar un desequilibrio electoral que afecte la transparencia de los comicios.
El exministro de Justicia, José Tello, propuso que los legisladores que deseen postular deberían renunciar temporalmente a sus cargos, para evitar conflictos de intereses. Una postura similar adoptó el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien recordó que en legislaturas anteriores ya se habían suspendido los viajes de representación durante periodos electorales, precisamente para evitar el uso político de los recursos del Parlamento.
Uno de los primeros congresistas en expresar abiertamente su interés de postular a la Presidencia es Roberto Chiabra, quien ha asegurado que separará rigurosamente sus funciones legislativas de sus actividades partidarias. «No voy a incurrir en ninguna acción directa ni indirecta que pueda motivar a que se me cuestione», declaró, comprometiéndose a mantener la legalidad en su accionar político.
Mientras tanto, el JNE y sus Jurados Electorales Especiales (JEE) se preparan para una tarea compleja: fiscalizar las campañas en medio de más de cuarenta partidos políticos inscritos. Se instalarán 60 JEE en todo el país, los cuales deberán supervisar el respeto a las reglas electorales y recibir denuncias sobre el uso irregular de fondos públicos.
En un escenario electoral altamente competitivo, esta reforma plantea un serio desafío: ¿cómo garantizar una campaña limpia y equitativa cuando los candidatos también son autoridades con poder y presupuesto público a su disposición?