El gobierno venezolano reanudó los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos, específicamente desde Phoenix (Arizona) hasta Caracas, a través de la aerolínea Eastern Airlines. Esta medida fue tomada por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, tras una solicitud del gobierno de Donald Trump, y ocurre en un momento de alta tensión diplomática y militar entre ambos países.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Transporte de Venezuela, que confirmó la reactivación de estos vuelos con una frecuencia de miércoles y viernes, manteniendo la periodicidad establecida desde el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos en enero para el retorno voluntario de ciudadanos venezolanos. Este anuncio también responde al reclamo venezolano por la suspensión unilateral de vuelos que Estados Unidos habría ejecutado días atrás, tras declaraciones de Trump que sugerían considerar cerrado el espacio aéreo venezolano.
El gobierno de Maduro reaccionó con firmeza, asegurando que ninguna autoridad extranjera puede interferir en el uso del espacio aéreo del país. Además, este nuevo capítulo se da mientras EE. UU. mantiene un despliegue militar en el Caribe, lo que ha sido presentado por Washington como parte de una estrategia antidrogas, pero que Caracas denuncia como un intento de intervención.
En paralelo, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. emitió recientemente una alerta instando a extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, calificando la situación como potencialmente peligrosa. Esto provocó la cancelación de varios vuelos y la revocación de licencias a siete aerolíneas internacionales por parte del gobierno venezolano, entre ellas la española Plus Ultra.
Este cruce de medidas refleja un escenario frágil y volátil en las relaciones entre ambos países. Mientras se permite el regreso de migrantes, crece la confrontación diplomática, militar y aérea, con consecuencias directas para los venezolanos dentro y fuera del país.
La situación destaca la importancia de mantener canales diplomáticos abiertos, incluso en contextos tensos, para garantizar derechos fundamentales como la movilidad y el retorno seguro de los ciudadanos.
