El Ministerio de Educación (Minedu) informó que, en lo que va del 2025, ha separado a 664 docentes y administrativos del sistema educativo nacional, tras detectarse que cuentan con condenas firmes o procesos judiciales en curso por delitos graves, como parte de su política para asegurar entornos escolares seguros.
Según el balance oficial, 568 docentes y 96 trabajadores administrativos fueron retirados de sus funciones. De ellos, 603 laboraban en instituciones públicas y 61 en colegios privados. La medida busca evitar cualquier riesgo para la integridad física y emocional de los estudiantes, priorizando la prevención y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
El Minedu detalló que 91 personas entre 68 docentes y 23 administrativos recibieron separación definitiva al contar con sentencia condenatoria firme. El delito más frecuente fue la violación de la libertad e indemnidad sexual, con 66 casos, seguido por terrorismo, proxenetismo, pornografía infantil, homicidio doloso y tráfico ilícito de drogas. En paralelo, se aplicó la separación preventiva a 573 trabajadores (500 docentes y 73 administrativos) que afrontan procesos judiciales por hechos como violación sexual, apología del terrorismo, trata de personas, secuestro y proposiciones sexuales a menores a través de medios digitales.
El ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, subrayó que el sector mantiene una posición firme frente a cualquier conducta que ponga en riesgo a la comunidad educativa. Reafirmó que no se permitirá la permanencia en las escuelas de personas implicadas en delitos graves, y que se continuará actuando con tolerancia cero para resguardar a los estudiantes.
Este proceso de depuración refuerza el compromiso del Estado con la seguridad escolar y la confianza de las familias, recordando que la educación no solo exige calidad académica, sino también protección, ética y responsabilidad en todos los niveles del sistema.
