Javier Aliaga Giraldo, experto en resolución de conflictos y CEO de Grupo Diálogo Consultores, advirtió sobre la grave crisis en Pataz, donde mafias armadas, disfrazadas de minería informal, han tomado control del territorio. Según el especialista, esta situación ha superado el ámbito de la minería ilegal, consolidándose como crimen organizado que extorsiona empresas, asesina trabajadores, destruye infraestructura crítica como torres eléctricas y vulnera la soberanía nacional.
“El problema en Pataz no es solo minería informal, es crimen organizado. Estas mafias actúan con total impunidad, instaurando el terror como su principal herramienta. Lo más alarmante es que el estado de emergencia, vigente hace más de un año, ha sido insuficiente. No existen estrategias de inteligencia militar o policial que verdaderamente enfrenten este problema”, afirmó Aliaga.
El abandono del gobierno central, el Congreso y las autoridades regionales ha sido un factor clave en el agravamiento de la crisis. “Dina Boluarte se ha limitado a discursos vacíos sin acciones concretas. El gobernador César Acuña, por su parte, guarda un silencio preocupante. Esto solo fortalece a las mafias, mientras el Congreso tampoco aprueba presupuestos ni presiona para un cambio en esta alarmante realidad”, señaló el especialista.
Aliaga destacó que las comunidades ya han comenzado a organizarse para protegerse, como ocurre en Llacubamba, pero enfatizó que una solución sostenible debe ser liderada por el Estado. “El camino es combinar inteligencia militar con diálogo comunitario y desarrollo social. Las mafias no solo deben ser desarticuladas, sino que es indispensable invertir en salud, educación y formalización minera para que las comunidades tengan alternativas reales”, explicó.
Es fundamental fortalecer el trabajo articulado que vienen desarrollando las principales empresas mineras de la región, como Minera Poderosa, Marsa y Horizonte. Estas compañías tienen un rol clave no solo en la generación de desarrollo sostenible en las comunidades, sino también en la defensa del territorio frente al avance del crimen organizado. No obstante, advirtió Aliaga, “las empresas pueden transformar comunidades con proyectos sostenibles, pero si el Estado no controla el territorio y combate frontalmente a las mafias, ninguna inversión será segura”.
Además, el experto llamó la atención sobre el escalamiento de las amenazas. “Los grupos criminales, liderados por elementos extranjeros, han pasado de extorsionar a mineros informales a amenazar directamente a las empresas mineras. Esto no es minería informal, es terrorismo económico, y enfrentarlo debe ser una prioridad nacional”, sentenció.
Aliaga concluyó con una advertencia clara: “Si el gobierno no actúa de inmediato, estamos replicando los peores errores de nuestra historia. Las mafias seguirán expandiéndose, secuestrando la minería y destruyendo el futuro del país. Esta es una crisis que roza el terrorismo y requiere el compromiso decidido del Estado para garantizar la paz y la prosperidad en regiones como Pataz”.