El Gobierno peruano está exigiendo que se asuman responsabilidades por la muerte de José Ávila Tuanama, un joven de 29 años que se alistó en el Ejército de Ucrania y falleció en combate tras un ataque de las fuerzas rusas. El canciller Elmer Schialer confirmó que ya se contactaron con la embajada ucraniana en Lima para que se cumplan los compromisos asumidos en el contrato firmado entre el ciudadano peruano y las autoridades militares de ese país.
Desde la Cancillería, se informó que ya se han iniciado las gestiones diplomáticas con Ucrania para aclarar las condiciones del contrato de enlistamiento y para exigir que se cumpla con lo que corresponda legal y moralmente. Según Schialer, “hay una serie de responsabilidades que debe cumplir el Ejército de Ucrania” debido al carácter formal del vínculo entre Ávila Tuanama y la institución castrense.
A la par, se viene trabajando en la repatriación de los restos del joven tarapotino, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ha establecido contacto directo con la hermana del fallecido, quien manifestó el deseo de darle una sepultura cristiana en su tierra natal. Schialer expresó también las condolencias oficiales del Gobierno peruano a la familia.
El joven, originario de Tarapoto, se había alistado en diciembre a través de su celular en la Legión Internacional de Defensa de Ucrania, y tenía previsto retornar al Perú en julio, al concluir el periodo mínimo de seis meses estipulado en los contratos con el Ejército ucraniano. Sin embargo, falleció tras una emboscada del Ejército ruso mientras patrullaba con su unidad.
El portal oficial de la Legión Internacional indica que los contratos pueden durar hasta tres años, aunque es posible rescindirlos a partir del sexto mes. Además, establece que las familias de combatientes caídos recibirán una compensación de aproximadamente 365,000 dólares. Por ahora, se espera que el gobierno ucraniano honre sus compromisos y facilite tanto la repatriación como el proceso de indemnización.
La muerte de José Ávila Tuanama pone en evidencia los riesgos que enfrentan los voluntarios extranjeros que se suman a conflictos armados ajenos, y deja al Estado peruano ante el desafío de proteger los derechos y la dignidad de sus ciudadanos en situaciones extremas. Este caso también reabre el debate sobre la participación de latinoamericanos en guerras foráneas sin el respaldo ni la cobertura adecuada.