La Fiscalía peruana ha presentado una nueva acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, esta vez por el caso del Gasoducto Sur Peruano. Se les imputa haber formado parte de una organización criminal y cometido colusión agravada, por lo que se ha solicitado una pena de 35 años de cárcel para cada uno.
De acuerdo con la fiscal Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato, los presuntos delitos se habrían perpetrado entre los años 2011 y 2015, durante el gobierno de Humala. En ese periodo, según la acusación, se habrían favorecido a empresas brasileñas —entre ellas Odebrecht— en los procesos de adjudicación y ejecución del Gasoducto Andino del Sur y del Gasoducto Sur Peruano, mediante pagos ilícitos en las licitaciones.
Junto a la expareja presidencial también ha sido incluido en la acusación el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, para quien se ha solicitado una condena de 29 años de prisión.
Cabe recordar que Humala y Heredia ya fueron sentenciados anteriormente a 15 años de cárcel por los aportes recibidos de Odebrecht y del gobierno venezolano para sus campañas políticas de 2006 y 2011. Actualmente, el exmandatario se encuentra en el penal de Barbadillo, mientras que Heredia permanece en Brasil, país donde obtuvo asilo político otorgado por el presidente Lula Da Silva.
En paralelo, la Mesa Directiva del Congreso ha decidido suspender los beneficios estatales que recibía Humala como expresidente, como el préstamo de vehículo oficial, vales de combustible y el pago de un asistente personal. No obstante, continuará recibiendo su pensión vitalicia, ya que este concepto está protegido por una ley específica (Ley 26519), no por acuerdo parlamentario.
Este nuevo proceso judicial podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder, en especial por el nivel de los involucrados y la magnitud de los proyectos comprometidos. El caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de reformar los mecanismos de adjudicación de obras públicas y fortalecer los controles estatales.