El Poder Judicial ha autorizado el acceso al contenido de un dispositivo de grabación entregado por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, quien afirma haber registrado una conversación con el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esta medida se enmarca dentro de la investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad contra el extitular del Interior.
La resolución judicial, emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley el pasado 31 de mayo, permite la extracción, lectura y transcripción del contenido almacenado en el dispositivo. Esta autorización responde a un pedido de la Fiscalía de la Nación, formulado el 10 de septiembre de 2024, para avanzar con la recolección de pruebas en el caso. Según el magistrado, la medida es idónea, necesaria y proporcional para esclarecer los hechos investigados y obtener datos objetivos sobre lo ocurrido.
El dispositivo fue entregado voluntariamente por el capitán Izquierdo el 29 de agosto de 2024, solicitando que se requiera autorización judicial para su apertura. Su abogado ha señalado públicamente que la grabación contiene una conversación mantenida el 21 de mayo en un restaurante-chifa de San Borja, donde supuestamente el exministro pidió al oficial realizar gestiones para controlar a un periodista, entre otros asuntos delicados. La Fiscalía sostiene que este contenido puede ser clave para esclarecer la denuncia.
El juez dispuso que todo el proceso de revisión se realice conforme a los protocolos del Ministerio Público, incluyendo guías de análisis forense digital, pericias fonético-acústicas y el cumplimiento del reglamento de cadena de custodia. Una vez culminado el análisis, los resultados deberán ser puestos en conocimiento del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
El extitular del Interior ha negado reiteradamente ser autor de las grabaciones presentadas por Izquierdo, cuya autenticidad será ahora materia de peritaje. Lo cierto es que este caso abre un nuevo capítulo en torno al uso del poder, la vigilancia interna y las posibles injerencias políticas en la prensa.
Este proceso judicial podría tener consecuencias significativas en la transparencia institucional, la responsabilidad política y el control del poder en las fuerzas del orden, en un país donde los escándalos entre autoridades no dejan de acumularse.