PNUD advierte que inseguridad ciudadana crece en América Latina

Nueva York, (ANDINA). La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico en todos los países de América Latina según un nuevo informe del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD) lanzado en su sede en Nueva York.
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Para una reducción duradera de la inseguridad en la región, el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 recomienda políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población

Según el documento, ello complementará la prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, con instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la convivencia social.

El IDH Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina revela una paradoja: en la última década la región ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también la delictiva.

Pese a las mejoras sociales, la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo.

Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras regiones, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010.

Si bien la tasa de homicidios se ha estabilizado e incluso ha disminuido en algunos países, todavía es alta: en 11 de los 18 países, la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes, nivel considerado epidémico.

En todos los países analizados, la percepción de seguridad se ha deteriorado y el robo se ha triplicado en los últimos 25 años, convirtiéndose en el delito que más afecta a los latinoamericanos.

“La seguridad ciudadana es un tema delicado que preocupa a tomadores de decisión y repercute al calor de las campañas electorales,” dijo la administradora del PNUD, Helen Clark.

“Es un tema crucial para varias regiones, incluso América Latina y el Caribe, porque sin paz no puede haber desarrollo, y sin desarrollo no puede haber una paz duradera», comentó.

Por su parte, el subsecretario general de la ONU y director del PNUD para América Latina y el Caribe, Heraldo Muñoz, reconoció que no hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana en América Latina, pero opinó que este grave problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política de largo plazo.

“Se requiere, en cada país, un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana entre gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado”, mencionó.

El estudio se concentra en seis amenazas principales que se entrecruzan e impactan negativamente a la región: el delito callejero; la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción (la apropiación indebida de los bienes públicos, cuya provisión es responsabilidad del Estado); la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.

“Si bien algunas amenazas—como la delincuencia organizada, y especialmente el narcotráfico— suelen ser utilizadas para explicar la inseguridad, las dinámicas regionales, nacionales y locales son mucho más diversas”, explicó el coordinador del IDH, Rafael Fernández de Castro.

Una de las principales lecciones aprendidas en la región es que las políticas de «mano dura» no funcionan: la fuerte represión policial y penal a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad, dice el informe.

Las experiencias analizadas confirman que un enfoque que proteja los derechos a una vida digna y la integridad física y material es la base de la seguridad ciudadana, que es un bien público al cual todas las personas deben tener acceso y, como tal, su provisión es responsabilidad del Estado, resaltó el IDH.

El informe también revela una correlación directa entre el crecimiento urbano y el delito: la mayoría de los países que tuvieron un crecimiento de la población urbana superior al 2% anual (el crecimiento demográfico natural), también tuvieron incrementos en las tasas de homicidio, con la excepción de Colombia y Paraguay.

“El problema no es el tamaño de la ciudad, sino la capacidad institucional para incorporar a los sectores que se encuentran en los barrios en condiciones de marginalidad”, señaló el IDH.

Los jóvenes, principalmente los varones, son los más afectados por la criminalidad y la violencia y, a la vez, son los responsables más comunes de la violencia y los delitos, según el informe, que también hace un llamado para evitar la criminalización y estigmatización de los jóvenes, particularmente los de bajos ingresos.

El IDH regional concentra su análisis en 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

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