El Poder Judicial levantó la restricción que impedía al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, ausentarse de Lima sin autorización judicial. Esta decisión se basa en la aplicación retroactiva de la ley 32130, vinculada al caso Gasoducto Sur Peruano.
El juez Leodan Cristobal Ayala declaró la caducidad de la regla de conducta impuesta a Luis Miguel Castilla, quien enfrentaba esta medida como parte del proceso penal del caso Gasoducto Sur Peruano, relacionado con Odebrecht. La decisión se ampara en la ley 32130, promulgada el pasado 10 de octubre, que fija un límite de 36 meses para este tipo de restricciones en procesos de criminalidad organizada.
La norma fue implementada debido a que el artículo 287 del Código Procesal Penal no especificaba un plazo para estas medidas, generando incertidumbre. Según lo señalado por el magistrado, Castilla Rubio cumplió con la restricción desde el 7 de agosto de 2020, excediendo el nuevo límite de tiempo establecido.
La decisión marca un precedente en la interpretación de la normativa procesal y evidencia el impacto de la ley 32130 en casos de alta complejidad. Para Luis Miguel Castilla, esto significa mayor libertad de movimiento durante el desarrollo del proceso penal.
La eliminación de esta restricción no implica la conclusión del caso, pero sí resalta la importancia de contar con plazos claros en las medidas procesales para garantizar los derechos de los investigados y evitar excesos en los procedimientos judiciales.