La justicia peruana dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien es investigado por presunto lavado de activos en relación con aportes irregulares a su campaña electoral del año 2016. La medida fue adoptada tras su fallido intento de viajar a Estados Unidos, lo que activó una alerta migratoria y precipitó el adelanto de la audiencia judicial.
El fallo fue emitido por la jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional. Aunque la Fiscalía solicitaba 36 meses de restricción, la magistrada consideró que 18 meses eran razonables. La audiencia se adelantó debido a que el pasado sábado 7 de junio, Kuczynski intentó abordar un vuelo al extranjero, lo que fue impedido gracias a la intervención de los fiscales Carlos Puma Quispe y Leidi Gálvez Sánchez, quienes constataron su presencia en el aeropuerto.
Durante la audiencia, PPK no se presentó por encontrarse con descanso médico, según su abogado. Su defensa anunció que apelará la medida, mientras que la Fiscalía se mostró conforme con la decisión. Cabe recordar que el pasado 29 de mayo, la misma jueza declaró la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones que regía desde marzo de 2022.
Kuczynski emitió un comunicado en el que acusó a Migraciones de vulnerar sus derechos constitucionales, alegando que no existía impedimento judicial vigente y que su viaje tenía como fin atender una cita médica y reencontrarse con su esposa Nancy Lange, a quien, según dijo, no ve hace más de siete años.
En su tesis, el Ministerio Público sostiene que PPK habría recibido 100 mil dólares de la empresa Construcción y Administración S.A. antes de la segunda vuelta electoral, fondos que no habrían sido declarados ante la ONPE. Además, se investiga un supuesto esquema de falsos aportantes y dinero en efectivo en el partido Peruanos Por el Kambio, presuntamente ideado para ocultar la verdadera procedencia de los fondos.
Este nuevo giro en el caso coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre política y financiamiento irregular, y marca un hito importante en la búsqueda de transparencia electoral y rendición de cuentas en el país.