La bancada de Renovación Popular solicitó la renuncia inmediata del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, luego del ataque armado ocurrido en Trujillo, que dejó cuatro personas fallecidas y el secuestro de un empresario. El grupo parlamentario responsabilizó a la actual conducción policial por la falta de resultados frente al avance del crimen organizado y pidió al Gobierno adoptar medidas urgentes para recuperar el control de la seguridad ciudadana.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la bancada expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y cuestionó que la violencia criminal continúe afectando a distintas regiones del país.
Los legisladores señalaron que la Policía Nacional requiere un cambio en su conducción debido a lo que consideran una respuesta insuficiente frente a la expansión de delitos como el sicariato, la extorsión, los secuestros y los ataques armados.
En ese sentido, Renovación Popular exigió directamente la salida de Arriola y reclamó al Ejecutivo acciones inmediatas orientadas a fortalecer la seguridad y restablecer el orden.
Uno de los integrantes de la bancada, el diputado Frank Krklec, también se pronunció sobre el hecho ocurrido en Trujillo y elevó el tono de las críticas contra el actual jefe policial.
El parlamentario calificó el asesinato de las cuatro personas como un acto de extrema gravedad y sostuvo que el Gobierno debe definir públicamente si mantiene su respaldo al comandante general de la Policía.
Krklec consideró que, en caso contrario, la presidenta Keiko Fujimori debería solicitar directamente la renuncia de Arriola.
El pedido se produce en medio de crecientes cuestionamientos políticos hacia la conducción de la Policía Nacional del Perú, especialmente por los resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana y por la permanencia de altos niveles de violencia vinculados con organizaciones criminales.
Arriola asumió la comandancia general en octubre del año pasado y, desde entonces, ha enfrentado críticas de distintos sectores políticos respecto a su continuidad en el cargo.
Sin embargo, una eventual salida del jefe policial no depende únicamente de una decisión política inmediata.
La legislación vigente establece un periodo de dos años de permanencia para el comandante general de la Policía Nacional y fija restricciones para su remoción antes de que concluya ese plazo.
Estas disposiciones fueron aprobadas por el anterior Congreso y buscan garantizar cierta estabilidad en la conducción de las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del país.
Por ello, cualquier decisión sobre la permanencia de Arriola deberá considerar tanto la presión política generada por los recientes hechos de violencia como las limitaciones legales existentes para remover a los altos mandos policiales.
El ataque registrado en Trujillo vuelve a colocar la inseguridad ciudadana en el centro del debate político nacional. La respuesta del Gobierno frente al pedido de Renovación Popular será clave para conocer si la estrategia actual de seguridad continuará bajo la misma conducción o si se buscarán nuevas medidas ante el avance del crimen organizado.
