La reciente fuga de un interno del penal de Lurigancho ha provocado una inmediata crisis en el sistema penitenciario peruano. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque Moya, presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien anunció además la destitución del director del penal y la próxima designación de un nuevo titular del INPE.
El hecho ocurrió el pasado lunes 21 de abril, cuando un reo identificado como John Kennedy Javier Sebastián logró burlar los controles de seguridad del penal más emblemático del país. El interno, condenado a 10 años y un mes por robo agravado, logró escalar una malla perimétrica, ingresar a la denominada “tierra de nadie” y finalmente trepar el muro exterior del penal para darse a la fuga, pese a la activación de los protocolos de seguridad por parte del personal penitenciario.
Ante esta grave situación, el Ejecutivo respondió con medidas inmediatas. Tres agentes del INPE fueron detenidos y denunciados ante el Ministerio Público, mientras se investigan las responsabilidades funcionales que facilitaron la evasión del interno. “Entendemos que hay una responsabilidad funcional clara, y la renuncia es la medida más inmediata para dar solución a este problema”, declaró Adrianzén en conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.
Este episodio pone en evidencia las deficiencias estructurales en el sistema penitenciario peruano, particularmente en lo que respecta a la seguridad interna y la supervisión operativa. La próxima designación de un nuevo jefe del INPE será clave para restaurar la confianza en la gestión de los penales y garantizar que hechos similares no se repitan.