Por: Abraham Fudrini.
“… la petición de mayor democracia tan insistente en los últimos años, se manifiesta en la demanda de que la democracia representativa sea acompañada e incluso sustituida por la democracia directa”. (Norberto Bobbio)
Los presidentes en los países de América Latina, han sido desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, una especie de herederos políticos de los virreyes pues tienen atribuciones constitucionales como dar libertad a condenados por la justicia, nombrar (en Perú) diez y ocho ministros, alrededor de treinta y seis viceministros, nombrar al primer ministro que controla más de doce órganos especializados en diferentes temas, además dirige la política internacional del Estado peruano.
Así pasaron décadas con gobernantes latinoamericanos sujetos a una estructura del Estado vieja y casi obsoleta, sin capacidad de defender la democracia, que después fue asaltada y tomada de alguna forma por grupos comunistas que primero provocaron irracionalidad económica y política en su Gobierno, para después intentar destruirlo.
En el caso de Perú, ese fue un momento de desinterés y menosprecio político por un desconocido que lograría sentarse en el sillón presidencial, como se dice popularmente: “… sin saber leer ni escribir”, así apareció el nefasto gobierno de Pedro Castillo que pudo traer la desgracia masiva en Perú.
¿Usted se imagina a un presidente con precariedad educativa y cultural, ideologizado, descubierto antes como mentiroso, sin valores occidentales y muchos otros defectos, encargarse de la función de presidente de Perú?
Sin embargo no es el único. Durante los últimos treinta y ocho años, casi todos los presidentes estuvieron bajo la sombra de la corrupción y la sospecha pública, terminando presos, suicidado y enjuiciados penalmente por corrupción. Todos llegaron a ser presidentes de Perú como el “mal menor”, es como decir: “peor es nada”, aunque algunas veces la experiencia vivida y las excepciones de la regla nos induzca a decir: “mejor es nada”.
Es obvio que si la estructura del Estado, con gobiernos democráticos representativos es vieja y casi no sirve, entonces también es lógico y trascendental cambiarla por un gobierno de democracia directa, donde el presidente no sea elegido por votación universal, directa y secreta de todos los ciudadanos de Perú, porque como he mostrado hace cerca de cuatro décadas que la figura del presidente de Perú está devaluándose cada vez más ante la opinión pública.
La democracia representativa en Perú y en los países de América Latina no es ni la caricatura de la democracia representativa teorizada por el filósofo inglés John Locke. Para este, la participación era fundamental para su concepción del Estado, mientras que hoy la participación política y social del pueblo es una farsa, no existe; razón por la cual debe convertirse en una democracia directa como la sugerida por Jean Jacques Rousseau el siglo XVIII.
La propuesta es elaborar una estructura del Estado donde existan dos poderes fundamentales: el Consejo Nacional y el Consejo de Departamentos o Regiones. El primero compuesto de 130 consejeros o congresistas elegidos por el pueblo y 52 consejeros departamentales o regionales elegidos en sus respectivas circunscripciones (2 por cada departamento o región de Perú y 2 para la Provincia Constitucional del Callao o región del Callao).
Ambas cámaras, la primera la cámara baja y la segunda la alta, son autónomas y sesionan separadamente, se juntan para formar la Asamblea Democrática Descentralizada (con 182 miembros de ambos consejos), esta Asamblea elige a los ministros de Estado y entre estos eligen al presidente del país que es un cargo rotativo que puede durar uno o dos años, No hay reelección.
El tema es complejo, sin embargo ya se sabe cómo desarrollar el proceso de cambio de la estructura del Estado con democracia representativa a otro con democracia directa, se inicia con un Proyecto de Reforma Constitucional del Estado Peruano, que sea propuesto y que dentro del Congreso de la República debe debatirse y aprobarse, para después iniciar el proceso desde el gobierno siguiente.
Cualquier partido político que quiera participar en las elecciones generales del año 2026, no merecerá la votación de la ciudadanía peruana, si es que no presenta una propuesta de reforma o transformación del Estado