Frente al avance del crimen organizado transnacional, que se financia principalmente a través del comercio ilícito como la falsificación, piratería, contrabando y adulteración de productos, la Sociedad Nacional de Industrias destacó que la articulación público privada ha permitido pasar del diagnóstico a la acción operativa para enfrentar este problema económico y social en el Perú.
Así lo señaló Silvia Hooker Ortega, secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, durante su participación en el IV Consejo de Gremios y Cámaras Sudamericanas de Lucha contra el Comercio Ilícito, realizado en Viña del Mar, Chile. En el encuentro se remarcó que el comercio ilícito no es un problema sectorial ni exclusivamente nacional, sino una amenaza transversal que impacta en la seguridad, el empleo formal y la competencia leal.
De acuerdo con cifras de la SUNAT, solo el contrabando moviliza más de USD 600 millones anuales en el Perú. Sin embargo, la SNI advirtió que este monto no representa ni la cuarta parte del impacto económico real de este delito. La mayor concentración de ingresos del comercio ilícito se ubica en tres nodos logísticos críticos, siendo la frontera sur la más vulnerable, lo que evidencia la sofisticación creciente de las redes criminales en la región.
La estrategia peruana, explicó Hooker Ortega, se basa en un ecosistema de colaboración público privada que permite abordar el problema desde su raíz, reconociendo al comercio ilícito como una gran economía ilegal transnacional. Este enfoque integral busca desarticular incentivos, fortalecer la inteligencia operativa y coordinar acciones conjuntas con otros países.
La cita fue organizada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y reunió a autoridades y líderes empresariales de Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, con el objetivo de reforzar la coordinación regional frente a un fenómeno que afecta la recaudación fiscal y la competitividad de las economías formales.
En el cierre del encuentro se firmó un compromiso regional para homologar definiciones de contrabando, compartir inteligencia en tiempo real y replicar operativos conjuntos, bajo el consenso de que las mafias operan sin fronteras y que la respuesta gremial y estatal debe tener el mismo alcance.
